Entonces se pagó al club cerca de 2,3 millones de euros y recientemente una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento a pagar 9,6 millones y desde el equipo de gobierno el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha argumentado: "no debemos pagar por algo que ya es nuestro".

A l respecto, ha relatado que en el Plan General se recoge que es un espacio libre, que no era edificable y se atribuye al Tiro Pichón y para la Expo se acomete la expropiación sin avenencia de los 2,7 millones de metros cuadrados de zona no edificable porque es inundable.

La batalla judicial llega al Tribunal Supremo que dicta sentencia en la que dice que "da igual que el suelo sea inundable que lo valora como

edificable cogiendo la media del sector y marca un criterio peligroso para la administración porque costará mucho dinero hacer cualquier expropiación", ha alertado Muñoz.

"No se tenía que pagar 3 millones de euros, sino cero porque esos suelos son del ayuntamiento", ha aseverado Muñoz al recordar que la CHE en 1976 permitió el relleno del cauce del río, que "es lo más claro de lo que es dominio público".

DEFENDERLO

Ha señalado que si este informe se hubiera conocido durante el proceso judicial "se habría dicho que no había lugar a la expropiación, pero al enterarnos después solo nos queda la obligación de defenderlo", ha enfatizado.

Al

respecto, se ha elaborado un informe por la asesoría jurídica que dice que el acuerdo de expropiación "es nulo de pleno derecho" y con este documento se pretende recuperar los 3 millones ya pagados.

"Qué mensaje daría este Ayuntamiento si una vez constatado que parte de la ribera que era del Ayuntamiento se han pagado 9 millones de euros y no se defiende lo que es de todos los ciudadanos. No nos lo podemos permitir", ha dicho Muñoz.

La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crespo, ha dicho que es clave el informe de la CHE

porque "acredita" que la parcela es de dominio público y que "nunca perdió la condición de dominio público por lo que no debería haber sido objeto de expropiación".

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Alberto Casañal, ha indicado que lo difícil es trasladar a los vecinos lo que está pasando. "En su día se hizo bien , pero a posteriori aparece documento que hace retroceder la posición del Ayuntamiento", ha resumido.

La

concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha sintetizado que el común denominador es defender el interés de la ciudad y el dominio público de la parcela en cuestión y ha felicitado a los servicios jurídicos por el informe elaborado.

CARECE DE VIRTUALIDAD

El portavoz del grupo municipal del PP, Pedro Navarro, ha recordado que la obligación de los concejales es cumplir la ley y por tanto pagar la sentencia del Tribunal Supremo y se ha

preguntado qué diferencia hay con pagar los 300.000 euros por obras de emergencia en la antigua cárcel de Torrero.

Navarro ha rebatido que la sentencia dice que el documento de

la CHE "no es un hallazgo recobrado y no es decisivo y carece de virtualidad, pero el Gobierno da una patada

para adelante para hacer lo que les viene en gana".

"Estos nos cuesta mil euros diarios y contando" y ha propuesto llevarlo al consejo consultivo de Aragón y ha criticado lo que "cuestan las chapuzas de esta banda".