El año pasado en la Comunidad de Madrid se produjeron más de cinco agresiones al día a profesionales sanitarios por parte de pacientes. Frenar esta problemática se ha convertido en una prioridad para el Gobierno regional, que pretende impulsar una ley para que el personal sanitario tenga rango de autoridad pública, una condición de la que gozan desde 2010 los profesores.

El Ejecutivo ya ha dado el primer paso lanzando una consulta pública en el portal de participación ciudadana para recabar opiniones de los agentes implicados y poder elaborar el anteproyecto. Esto supondrá que las agresiones físicas o verbales al personal sanitario puedan ser castigadas como una pena mayor al pasar a ser considerados autoridad y no funcionarios, según figura en la memoria descriptiva del anteproyecto. Además, esa  condición les permitiría gozar de presunción de veracidad y valor probatorio a las manifestaciones o testimonios vertidos en sus informes y declaraciones y ostentarían una especial protección. 

En la actualidad, el artículo 550 del Código Penal contempla penas de prisión por "actos de atentado contra los funcionarios sanitarios". La condena establecida es de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. "Este asunto no ha preocupado mucho. Por eso queremos reforzar la autoridad de los profesionales sanitarios para intentar que se produzcan las menos situaciones conflictivas posibles", asegura Pablo Calvo, Director General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud.

Calvo explica que el Gobierno regional fue pionero en 2004 en elaborar planes de prevención para combatir esta problemática y que desde hace unos años puso en marcha el Registro Madrileño de Agresiones y Conflictos (REMAC) que gestiona Sanidad con las denuncias que llegan de los profesionales. "Este registro nos permite obtener información sobre los conflictos que se producen y analizar la realidad de los centros para tomar medidas", dice Calvo.

Según los datos a los que ha tenido acceso 20minutos, en 2017 se produjeron 1.936 agresiones a personal sanitario en la región, un 50% más que el año anterior (1.287). Sanidad no achaca el fuerte incremento a un aumento de la conflictividad sino a que el sistema de denuncia está más extendido entre los profesionales y que cada vez se notifican más. "No sabría decir si son muchas para una plantilla de 71.000 personas y 5.000 residentes. Pero antes había muchas situaciones conflictivas que no se denunciaban y ahora sí", sostiene el alto cargo sanitario.

La mayoría de las conductas ofensivas el año pasado son verbales (72,6%), pero hay un 15,6% de agresiones físicas, porcentaje superior al de 2016 (14,76%). Los profesionales que más lo sufren son las enfermeras (51%) por delante de los médicos (33%).

Desde el sindicato de enfermería SATSE afirman que los datos no reflejan la realidad y que hay muchas más agresiones, especialmente las verbales, que no se denuncian por falta de cultura de prevención y falta de implementación del protocolo de prevención. "Ninguna causa puede justificar una agresión", recalca Verónica Díaz, responsable de Salud Laboral de SATSE Madrid.

La primera causa de conflicto, tanto en los centros de salud como en los hospitales, es la disconformidad del paciente con la asistencia recibida. "Habría que hacer un importante esfuerzo por ajustar las plantillas a las necesidades reales", sentencia Díaz.

En la misma línea se expresa Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. "El empeoramiento claro de la calidad asistencial por la falta de personal y de medios provoca en ocasiones que el paciente pierda los nervios", reconoce Flores, que opina que también "se está satanizando a los pacientes" cuando en ocasiones son ellos lo que "reciben un trato malo" por parte de los profesionales.

Según datos de las memorias anuales del  Servicio Madrileño de Salud, la Comunidad de Madrid ha perdido más de 5.100 efectivos entre 2009 y 2016, aunque desde la llegada del actual Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes, en 2015, el personal se ha incrementado ligeramente.

La Asociación del Defendor del Paciente pide además a la Comunidad la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas de los centros de salud y hospitales donde conviven pacientes con sanitarios, ya que estiman que hay ocasiones en las que los pacientes han sido atacados y "no se puede corroborar". "Así podríamos saber lo que ha pasado y cuáles han sido las circunstancias que han rodeado a la agresión", concluye Carmen Flores.