Este empresario se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión y el resto de los acusados, la mayoría empleados en alguna de las nueve empresas que están investigadas, a penas de entre un año y medio y dos años y medio de cárcel por delitos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude de prestaciones en la Seguridad Social.

El Ministerio Público estima que el beneficio obtenido por este fraude al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social puede rondar los 100.000 euros, cantidades que presuntamente cobraron estos empleados en concepto de prestaciones por desempleo o por bajas por enfermedad y maternidad.

El fiscal cree que todos los acusados, "de común acuerdo", simularon mantener relaciones laborales inexistentes en empresas sin apenas actividad comercial para hacerse con las ayudas, algo que ha negado el empresario, garantizando que todos sus negocios, la mayoría de transportes de mercancías y de viajeros, tenían movimiento y eran rentables. Fueron constituidas en la década pasada en ciudades de la provincia como Granada y Motril, y también en Almería y Galicia.

El acusado ha justificado el que apenas tuviera trabajadores y vehículos en esta sociedades en que para realizar la actividad usaba los camiones o autobuses de otras empresas que no forman parte de esta causa y en que "movía" a la plantilla en función de las necesidades.

Ha confirmado que él contrataba a los trabajadores, controlaba todo lo vinculado a la Seguridad Social y les firmaba los documentos que acreditaban que habían estado empleados para que recibieran la prestación por desempleo o por baja por enfermedad, pero garantizado que "ha hecho todo legalmente".

El fiscal señala en su escrito de acusación que algunos de los trabajadores tienen domicilios en ciudades distintas y lejanas a las de la sede de la empresa o coincidente con ella. Además, la única documentación hallada sobre las compañías es aquella que obra en los archivos de las administraciones públicas y se refiere a su creación, pero por lo general no reflejan actividad comercial.

"Ninguna de ellas tenía la autorización que habilita para la realización de trámites con la Tesorería de la Seguridad Social y en la mayoría de los casos no consta el pago del impuesto de sociedades". Las que declararon sus movimientos reflejaban una actividad "tan escasa que es difícilmente conciliable con la propia supervivencia de la empresa".

Para conseguir las prestaciones, relata el fiscal, se daba de alta al supuesto trabajador en la Seguridad Social mediante un contrato simulado entre los acusados que actuaban como empleados y los que lo hacían como empresarios, que posteriormente los registraban en el INEM.

Esto ponía en marcha el mecanismo de protección del trabajador al comenzar la cotización que da derecho por ejemplo a la prestación por desempleo, si cesa la relación laboral. El juicio se prolongará hasta el próximo jueves.