Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada
Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada EUROPA PRESS - Archivo

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde tenía "pleno conocimiento de la obligación de facilitar el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos", lo que está reconocido en la Constitución española.

Pese a eso, supuestamente denegó a dos concejales en ese momento "las continuas peticiones que realizaban para informarse de los asuntos de la localidad, en concreto, las contrataciones de algunos trabajadores" y lo hacía, sostiene la acusación pública, "mediante negaciones directas".

Asimismo, también lo hacía, presuntamente, "concediendo acceso a la documentación solicitada mediante notificaciones precipitadas para horas intempestivas que hacían finalmente ineficaz el ejercicio del derecho", señala el ministerio fiscal, en su escrito inicial de acusación.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen dos delitos continuados contra los derechos cívicos, solicitando que se le imponga al acusado la pena de siete años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En esta causa hay una acusación particular, en nombre de los exediles.

Por su parte, la defensa del alcalde solicita la nulidad de las actuaciones y la libre absolución, apuntando el regidor que se trata de "una pataleta política" y que actuó "siempre" con "informes favorables".

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