Ocho diputados autonómicos y tres senadores del PP de Cantabria han pedido "explicaciones convincentes" a la Dirección regional sobre la presunta instrumentalización de un discapacitado por miembros de la candidatura de la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, para pagar cuotas de unos 500 afiliados para que pudieran votar en el XII Congreso del partido, un comportamiento "inmoral" que, a su juicio, de ser cierto, les "inhabilitaría" para ser cargos del partido.

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Eduardo Van den Eynde; la diputada regional Ruth Beitia y el senador Javier Fernández han sido los encargados de leer un comunicado, en nombre del resto de firmantes, en el que demandaba esas explicaciones a raíz de las informaciones periodísticas publicadas en las últimas semanas sobre estos hechos.

Los otros firmantes son el expresidente del PP de Cantabria y actual diputado, Ignacio Diego, que perdió por cuatro votos frente a Sáenz de Buruaga el liderazgo del partido; los parlamentarios regionales Luis Carlos Albalá, Mercedes Toribio, Santiago Recio, José Manuel Igual y Cristina Mazas y las senadoras Esther Merino y Blanca Martínez.

En el comunicado, los once muestran una "enorme preocupación" pro las informaciones periodísticas publicadas, que han sido reveladas fundamentalmente por OK Diario, que señalan que personas de la candidatura de Buruaga y allegados a la actual presidenta del partido habrían instrumentalizado a esta persona con discapacidad, abriéndole una cuenta corriente a su nombre en la que se ingresaron 9.000 euros, en diferentes pagos, para abonar las cuotas de estos 500 afiliados y permitir que estos afiliados pudieran participar en el Congreso celebrado el 25 de marzo de 2017.

Como pruebas, en estas informaciones se hablaba de comprobantes bancarios, aportados a la causa judicial que está abierta por supuestas irregularidades en el Congreso, sobre pagos de cuotas realizados, supuestamente, por la actual secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta; la ahora presidenta del Comité Electoral de la formación y diputada regional, Isabel Urrutia, y el diputado y portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, así como por el marido de Sáenz de Buruaga.

Según las pruebas reveladas, algunos de estos pagos se habrían realizado por internet a través de ordenadores de titularidad de personas de la candidatura de Sáenz de Buruaga y desde equipos del Parlamento regional así como de las sedes del PP de Cantabria y la nacional de Génova, algunos de ellos, según Van den Eynde, a "altas horas de la noche".

UNA CANDIDATURA "CARGADA DE DOPPING"

El portavoz parlamentario ha explicado que tiene en su poder algunas de estas pruebas que, según ha asegurado, "no dicen lo mismo, sino lo contrario" que la versión expuesta por la Dirección regional.

"Yo tengo que poner en una lado de la balanza lo que está diciendo la Dirección regional del partido y en el otro lado de la balanza lo que están diciendo una serie de entidades a petición judicial", ha apostillado Van den Eynde, al que Sáenz de Buruaga quiso sustituir en este cargo sin conseguirlo tras la oposición de nueve de los trece diputados (los firmantes del comunicado de este viernes más Francisco Rodríguez Argüeso, que en esta ocasión no lo ha suscrito).

Van den Eynde se ha preguntado por los motivos por lo que la candidatura de Sáenz de Buruaga pagó las cuotas de ese medio millar de afiliados a través de una "cuenta interpuesta", la de la persona con supuesta discapacidad, si lo considera una "práctica operacional legal y habitual".

Es por todo ello por lo que pide "explicaciones" y "pruebas" que demuestren que los comportamientos de la candidatura de Buruaga "no han sido faltos de ética" y de la "sana competencia" que, a su juicio, tendría que haber habido en un proceso electoral interno del partido. "Hay una candidatura que mientras no explique esto, da la sensación de que ha ido cargada de dopping", ha ironizado.

NO VALORAN LA LEGALIDAD O NO DE LOS HECHOS, SINO SU ÉTICA

Los portavoces de este grupo de diputados han aclarado que no entran a valorar si estos comportamientos son legales o no y si son suficientes para anular el Congreso -algo que tendrán que determinar los jueces en el proceso judicial que queda abierto por supuestas irregularidades en dicho Congreso y cuyo juicio está previsto para el 15 de mayo- pero sí sostienen que, de ser ciertos, no serían, a su juicio, éticos o morales ni estarían acordes con los valores del partido.

En este sentido, el senador Javier Fernández ha insistido en la necesidad de "deslindar" el tema judicial y el "moral", que es por lo que ellos piden explicaciones.

"Son planos distintos", ha subrayado Fernández, que fue consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo en la legislatura pasada, bajo el Gobierno de Diego, y durante el proceso congresual se mostró partidario de la candidatura del expresidente cántabro.

Ha afirmado que hay comportamientos que pueden ser reprochables a nivel ético o moral -como a su juicio son los descritos si finalmente son ciertos- y ser legales y viceversa.

Fernández ha deseado que "ojalá no sean ciertos" los hechos en los medios de comunicación y sean solo un "bulo" pero ha señalado que, ante las informaciones publicadas en el último mes, "no pueden mirar para otro lado".

En el comunicado, los firmantes han querido dejar claro que, "si resultasen ciertos", su "más absoluta condena" ya que los consideran "contrarios a los principios y valores éticos y morales que deben presidir la actuación de cualquier fuerza políticia y por ser radicalmente opuestos a la forma de actuar que viene defendiendo el PP".

Insisten en que de ser ciertas las acusaciones acerca del "comportamiento ético y moral de las personas que aparecen como implicadas en esta trama, ello les inhabilitaría para el desempeño de cualquier cargo dentro de un partido político" como el PP que exige "a todos los que ocupan cargos de resposabilidad en el mismo una actuación moralmente irreprochable".

En este sentido, Van den Eynde ha opinado que este tipo de informaciones con actuaciones como las que se describen "manchan" al conjunto del partido. "Esto nos salpica y nos mancha a todos", ha opinado el portavoz parlamentario, que considera que "no están dispuestos" a que el nombre del partido "se arrastre por el fango".

Fernández ha mantenido que este tipo de informaciones pueden afectar a la confianza de los votantes y por ello la Dirección regional debía ofrecer las explicaciones oportunas.

"Lo que necesitamos son respuestas", ha afirmado Beitia, que ha reconocido que en lo sucedido en el Congreso hay "algo que no les cuadra".

Además de los tres portavoces, en la rueda de prensa ha estado presente otro de los firmantes, el diputado Santiago Recio, que formó parte de la candidatura de Diego, así como quien fuera consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, que fue uno de los promotores de una querella criminal contra Sáenz de Buruaga, la secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, y la presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez, que fue archivada por los tribunales.

Al margen del comunicado suscrito por el partido y firmado por estos once diputados y senadores, los portavoces han señalado que se sienten respaldados en su petición de explicaciones por la "mayoría" del PP de Cantabria.

Así, Van den Eynde ha señalado y mostrado un recopitalorio de más de un millar de firmas de afiliados, entre los que hay "muchos" alcaldes, respaldando "cuantas reclamaciones se presenten" sobre las presuntas irregularidades en el Congreso.

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