Mientras la primera prueba del proceso de selección fue fijada para el pasado 3 de marzo, la Diputación expone en un comunicado que en un escrito firmado por el secretario y el presidente del tribunal designado para la valoración de dichas pruebas (un habilitado nacional de la Secretaría General y el subjefe de Recursos Humanos), dirigido a la Presidencia de la Corporación, se informa de algunas circunstancias que "hacen sospechar -según consta en el escrito- que ha podido haber algún tipo de anomalías".

Tras la exposición de las medidas de seguridad tomadas por el secretario y el presidente del Tribunal para preservar el secreto del contenido de las preguntas para el examen, que en todo momento tuvo o bien la custodia de estos responsables del Tribunal o bien la guarda bajo llave y vigilancia de un agente de seguridad de la Institución, estos funcionarios públicos destacan una circunstancias concretas por las que piden "un análisis más pormenorizado de las preguntas/respuestas incluidas en el test" a la empresa especializada colaboradora para la corrección de las mismas.

Tras el citado análisis más exhaustivo, del informe de la empresa colaboradora se puede derivar "sin ninguna duda, que han existido anomalías", pues al analizar los test de los primeros opositores con mayor puntuación "resalta una coincidencia alarmante en un grupo concreto de preguntas, estando probablemente ante un ilícito que supera el administrativo para incidir en el ilícito penal".

Ante esta situación, el secretario y el presidente del Tribunal calificador proponen "sin perjuicio de la denuncia ante el Ministerio Fiscal, dar cuenta de los hechos al Tribunal, proceder a las anulación del ejercicio test realizado, proponer la revocación del Tribunal y poner los hechos en conocimiento de los servicios jurídicos provinciales a los efectos que correspondan".