El juicio contra una red de talleres del área de Santiago y de concesionarios de toda Galicia por alterar el kilometraje de vehículos que posteriormente eran puestos a la venta ha sido aplazado debido a la huelga que los funcionarios de la justicia celebran desde el 7 de febrero.

En concreto, el fiscal pide para el principal acusado de esta red, J.G, 37 años de prisión por la conocida como 'Operación Trucarro' y solicita penas de hasta dos años y seis meses de cárcel e indemnizaciones de distintas cuantías que llegan a rondar los 20.000 euros para el resto de acusados, 41.

Las partes han acudido este jueves a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se preveía que arrancase el juicio que está programado hasta el mes de mayo. Con todo, el paro que los funcionarios llevan a cabo desde el pasado día 7 de febrero ha impedido su inicio y ha obligado al juzgado a reprogramar las sesiones.

Según ha explicado a los periodistas el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, no se llegó a suspender el juicio, ya que este hecho provocaría que se no se celebrase hasta el 2019 ya que la sala tiene la agenda "colapsada" hasta diciembre de este año.

REPROGRAMAR EL CALENDARIO

De este modo, está previsto que el juicio sea reprogramado en los días ya reservados en el calendario toda vez que, como ha destacado el magistrado, varios de los acusados ya llegaron a acuerdos de conformidad y podrían destinarse las fechas previstas para abordar sus causas para avanzar en el proceso.

Y es que, tal y como han explicado fuentes judiciales, de los más de 300 afectados por los hechos investigados en esta 'Operación Trucarro', tras los acuerdos alcanzados entre las partes, ya han sido indemnizadas más de un centenar de personas.

Sin embargo, esta medida dependerá de que la huelga permita que el juicio arranque los próximos días 20, 21 y 22 de marzo, antes de la Semana Santa ya que, de lo contrario, el calendario se vería "muy afectado", han precisado las mismas fuentes.

El caso, que procede del Juzgado de Instrucción número dos de Santiago, se retrotrae a los años 2006, 2007 y 2018, según explica la Fiscalía de la capital gallega, que destaca que la "ingente" cantidad de documentación relativa al caso motivó que la instrucción no concluyese hasta el 2016.

PRINCIPAL ACUSADO

En su escrito, el fiscal solicita la apertura de juicio oral y recuerda que el acusado principal, J.G., utilizaba sus instalaciones en O Milladoiro (Ames) para prestar "repetidamente" y "a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados (...) servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos".

De hecho, según apunta el Ministerio Público, "este tipo en concreto de servicio fue el que le hizo popular y demandado dentro del sector". J.G. estuvo privado de libertad por este procedimiento del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2008.

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