Miguel Ángel Lafuente
Miguel Ángel Lafuente EUROPA PRESS

Ha defendido la enmienda a la totalidad el diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, quien ha reclamado actuar con "ecuanimidad" y vocación de "superación real de lo que fue lo peor de nuestra historia pasada", afirmando que este proyecto de ley pretende "que el pasado no pase", ya que -a su juicio- se basa en "una verdadera labor de ingeniería social" cuyo objetivo es "dividir, revisar y acusar".

Lafuente ha aseverado que este es "un proyecto definitorio de un Gobierno de izquierdas" que "de entrada pretende excluir a determinada parte de la sociedad con una nueva verdad impuesta, sectaria y excluyente", amparándose en "la idea de siempre de igualar los postulados de la izquierda a la democracia".

Frente a un texto "sectario, intransigente, sesgado, partidista, parcial intolerante y radical", el Grupo Popular pretende que el Gobierno remita a las Cortes un nuevo texto "en el cual se incluya a los que se han dejado", ha dicho Lafuente, asegurando que esta es la Ley de Memoria Democrática "de algunos", una "versión oficial" que pretende "crear un vínculo directo de un pasado totalitario con un partido entroncado en la democracia europea".

Ha rechazado la "idealización extrema de la II República" y ha enfatizado que el PP no tiene "ningún problema" en reconocer a "ninguna víctima" del pasado, matizando que también quiere reconocer a los que esta iniciativa legislativa "pretende olvidar descaradamente".

FUTURO DE CONVIVENCIA

En representación del Gobierno de Aragón, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha defendido los valores de libertad, justicia y respeto "frente a los discursos de exclusión", apostando por "un futuro de convivencia y paz", destacando que el texto legislativo se enmarca en los principios elaborados por la ONU para la protección de los derechos humanos "mediante la lucha contra la impunidad" porque "cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad".

Ha expuesto que este proyecto de ley "reconoce el carácter radicalmente injusto de las violaciones de derechos humanos" desde el golpe de Estado de 1936 hasta la aprobación de la Constitución en 1978, resaltando "el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal" durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista.

Vicente Guillén ha dicho que, en Aragón, el régimen republicano "supuso un impulso modernizador" en áreas como la educación, los derechos laborales y la participación política, recalcando que cuando estalló la guerra civil ya se había redactado el primer proyecto de Estatuto de Autonomía, que finalmente no tramitaron las Cortes Generales.

El consejero ha defendido algunas medidas recogidas en el proyecto de ley, como las exhumaciones, la creación de un banco de ADN, así como el reconocimiento "plural" de las víctimas, en alusión a mujeres, mano de obra forzada y los bebés sustraídos. Además, ha apuntado, se establece el 3 de marzo, aniversario del bombardeo fascista de Alcañiz (Teruel), como Día de la Memoria Democrática de Aragón.

VERGONZANTE

En representación del PSOE, Darío Villagrasa, ha tildado de "vergonzante" el discurso del PP y ha criticado que el Gobierno de España de Mariano Rajoy haya destinado "cero euros" a desarrollar la normativa nacional de memoria histórica, destacando su "posición equidistante".

"Como proyecto de país es imposible" llevar a cabo estas medidas mientras gobierne el PP, ha considerado Villagrasa, quien ha afirmado que los populares aragoneses tienen "el dudoso honor de ser la parte más reaccionaria del PP en el conjunto de España".

El diputado del PSOE ha señalado que España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más personas asesinadas en fosas "a lo largo y ancho de todo nuestro territorio" y ha dejado claro que "es un error flagrante creer que esta ley va contra alguien".

El parlamentario de Podemos, Alfonso Clavería, ha manifestado su respeto a las víctimas del franquismo y sus familiares, indicando que esta ley pretende reconocerles derechos como víctimas, en alusión a "un entierro digno, la exhumación y la restitución de su buen nombre" porque "es una indecencia vivir 80 años sobre 500 fosas comunes".

"El PP no quiere ninguna Ley de Memoria en Aragón ni en ningún sitio" porque "no acepta la necesidad del reconocimiento de los derechos de las víctimas", ha aseverado Clavería, asegurando que el PP pretende "expulsar de esta legislatura una Ley de Memoria". "Es la hora de cerrar heridas y eso solo se hace con más derechos y libertades", ha agregado.

Desde el PAR, Berta Zapater ha planteado que "una sociedad madura es capaz de hacer frente a cuestiones como esta", observando que "muchos representantes políticos no están aún preparados" para actuar en este asunto con "justicia y equidad".

Ha pedido al Gobierno de Aragón que retire esta iniciativa, apostando por una ley de consenso, así como "templar y acercar posiciones". Ha criticado la exposición de motivos del proyecto de ley.

Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha opinado que se debería legislar sobre este asunto "con la unanimidad de todos", emplazando a "ser flexibles" y no convertir este proceso en "un debate ideológico". Tras rechazar a quienes quieren "tergiversar", ha defendido los principios de "justicia, reparación y lucha contra el olvido".

Gregorio Briz, de Chunta Aragonesista, ha dicho que el PP tiene "complejo de inferioridad y culpa" en este asunto

y ha dejado claro que con esta ley "no imponemos ningún relato ideológico", reclamando un estudio "riguroso" de la Historia.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha manifestado que la intervención del PP desprende "un tufillo franquista que asusta" y ha tildado la enmienda a la totalidad de "despropósito", animando a "reconocer a las personas que lucharon por los valores democráticos", tras lo que ha alertado de que España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas.

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