No se tenía constancia, hasta la fecha, de una revisión tan exhaustiva del parque de vivienda pública de alquiler de Barcelona como la que ha llevado a cabo el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) en 6.274 pisos de 246 fincas durante marzo de 2016 y junio de 2017.

Fruto de este repaso al parque disponible en esas fechas, pues a día de hoy el IMHAB gestiona 7.406 viviendas, se detectaron irregularidades en un 3,7% de ellas contra un uso correcto en un 96,3% de los casos. En este pequeño porcentaje de casos, el Ajuntament ha tenido que intervenir e interponer demandas ante los tribunales por impago de cuotas, inquilinos problemáticos para la comunidad, ocupaciones y recuperación de llaves de viviendas que no se devolvieron tras la defunción del titular. A veces, se dan "juntas" todas o gran parte de estas causas, como ha explicado este miércoles el gerente del IMHAB Javier Burón.

Un 0,37% de todas las demandas presentadas (61) han desembocado en un desahucio por orden judicial (23) tras un informe previo de los servicios sociales. La mayoría de inquilinos expulsados estaban haciendo un uso fraudulento de la propiedad o el derecho a la misma no se correspondía a sus ingresos reales o a su situación socioeconómica. Burón ha resaltado que "la mayoría, no pagaban porque no querían" y no porque no contaran con ingresos suficientes, pues el precio medio de esta tipología de alquiler social es de 202 euros al mes.

El gerente del IMHAB ha anunciado que la intención es que esta revisión completa del parque se seguirá haciendo de ahora en adelante "de forma sistemática y permanente por distritos y barrios" y ha lanzado un aviso a los defraudadores: "Si no hacen las cosas bien saldrán por la puerta".

Gracias a esta completa exploración, el Ajuntament ha detectado también 9 viviendas ocupadas en cuatro direcciones del barrio del Raval (dos de ellas en la calle de la Reina Amàlia y en la calle de l'Om) cuyos inquilinos han sido denunciados y que operaban además como narcopisos. Burón ha explicado que la vía para recuperar estas casas no es, como cabría esperar a primera vista, interponer una demanda por actividades nocivas e insalubres en el inmueble sino por "impago del alquiler o por ser inquilinos problemáticos". De momento, el Consistorio no ha recuperado ninguno de estos pisos.

Aprovechando esta inspección se realizaron encuestas voluntarias a 7.761 personas que viven en estas viviendas, que han permitido hacer una foto fija del perfil social de los inquilinos, más mujeres que hombres: 4.191 mujeres frente a 3.552 hombres. Un 78,04% son ciudadanos con DNI español, un 18,41% procedentes de países de fuera de la Unión Europea y un 1,48% de otros países comunitarios.

Por edades, el grupo más numeroso de residentes (1.522) son nacidos entre 1970 y 1979, es decir, tienen entre 48 y 39 años; 1.322 entre 1960 y 1969 (de 58 a 49 años); 1.034 entre 1980 y 1989 (de 38 a 29 años) y 1.005 entre 1950 y 959 (de 68 a 59 años). Los menores de 18 años son tan solo 776 del total de encuestados.

Un 11,9% de los habitantes de este parque social de alquiler público padecen una situación económica especialmente complicada y de estos, un 7,9% son atentidos por los servicios sociales.

Dentro de esta radiografía de inquilinos predominan los empleados fijos por cuenta ajena (1.701) y los pensionistas con pocos ingresos (1.806), pues ambos colectivos representan casi la mitad del total (el 45,18%).

Los desocupados suman 1.429 personas y los inquilinos discapacitados o con invalidez reconocida son bastantes menos, 428. Los trabajadores temporales por cuenta ajena son 690 personas.

Una de las características del parque social de alquiler público es la poca rotación del mismo. Un 98% de los pisos tienen ocupantes que llevan bastante tiempo en el inmueble y un 2% (150) están en rotación, desocupados temporalmente bien por rehabilitación o pendientes de nuevas adjudicaciones.

La idea del IMHAB es poder ir adaptando el futuro parque público de vivienda de alquiler social a diferentes niveles sociales y de ingresos, a receptores más "mixtos", ha indicado el regidor de Urbanisme, Josep Maria Montaner.

Ya hay un ejemplo en marcha en Can Batlló, donde la mitad de un bloque se ha destinado a inquilinos que pagan 85, 200 y 500 euros "en función de sus ingresos". El Ajuntament quiere igualmente dar el salto de las 7.406 viviendas actuales de alquiler social a las más de 10.000, con las 3.500 en obras durante este mandato.