Fachada de la sede del Consell de Mallorca
Fachada de la sede del Consell de Mallorca EUROPA PRESS - Archivo

Según han informado este martes mediante un comunicado, este requerimiento es un paso previo que "busca evitar" la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de suspensión.

La CNMC cree que el acuerdo restringe "seriamente la competencia" ya que "al prohibirse" la instalación y la ampliación de los establecimientos de superficie superior a 700 metros cuadrados (m2) o a 2500 m2, según las zonas, se crea "una barrera que protege a las compañías ya implantadas", que "no necesitarán preocuparse de la entrada de nuevos competidores".

De esta manera, la CNMC considera que se incide en "una oferta de tamaño medio ineficiente" lo que, tal como aseguran, "tendrá efectos negativos sobre el bienestar para consumidores y empresas".

Además, consideran que el acuerdo de suspensión no se ajusta al derecho de la Unión Europea (UE), "fundamentalmente" a la Directiva de Servicios, ni al derecho nacional que "obliga a los poderes públicos a justificar las restricciones a la libertad de empresa conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad".

En este sentido, recuerdan que el acuerdo contiene una moratoria similar a otra anterior (Norma Territorial Cautelar de marzo de 2016), que ya fue impugnada por la CNMC ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y que ha sido anulada recientemente por este tribunal.