Así, señala en un comunicado, que tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de octubre de 2017, dichas armas han pasado a ser consideradas como prohibidas atendiendo a lo que recoge el artículo 5.1 del Reglamento de Armas al que se le añade el apartado i).

Por ello, indican que quienes estén en posesión de este tipo de armas tienen hasta el día 24 de abril del presente para justificar su destino legal o para entregarlas para su destrucción en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil más próxima a su residencia. En el caso de la provincia de Las Palmas se pueden depositar en la isla de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana -Vecindario- y Santa María de Guía; en Lanzarote en Costa Teguise y en la isla de Fuerteventura en Puerto del Rosario.

Finalmente, exponen que la no regularización de esta situación podría considerarse como infracción grave recogida en el artículo 36.10 de la L.O. 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, pudiendo ser sancionada con multa de 601 a 30.000 euros por portar, usar y exhibir armas prohibidas.

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