En un comunicado, el Colegio vizcaíno ha recordado que Bankia interpuso denuncia contra todos los Colegios de la Abogacía de España, "sin ninguna distinción, porque entendía que, en los innumerables pleitos en los que resultaba condenada a pagar las costas procesales, los Colegios tenían que aplicar una reducción de costas en beneficio de Bankia, en atención a que muchos de esos pleitos se iniciaban con demandas estandarizadas, de copia y pega, y eso debería significar que el trabajo de los abogados de los demandantes no revestía especial complejidad".

De un total de 83 Colegios, la CNMC ha dirigido el expediente sancionador únicamente contra nueve de esos Colegios, entre ellos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (ICABizkaia).

"Esta selección no se realiza con criterios jurídicos porque hubiera alguna prueba en el expediente que desvelara una actuación especialmente infractora por parte de esos nueve colegios, sino que, desde el principio, y de forma arbitraria, la CNMC decidió abrir expediente sólo contra ellos. En ningún momento, ni en la resolución final, ha explicado las razones por las que los ha elegido ha descartado a los demás", ha denunciado.

HONORARIOS PROHIBIDOS

Igualmente, ha explicado que la CNMC se ha separado desde el comienzo de las razones recogidas en la denuncia de Bankia, y ha utilizado la misma como "mera excusa" para abrir una causa general contra los nueve Colegios, por la supuesta aplicación de criterios de honorarios prohibidos.

Las costas procesales son el mecanismo por el que un demandado como Bankia, después de haber perdido por completo un procedimiento judicial, tiene que resarcir al demandante de una parte de los gastos en los que ha incurrido por la necesidad de reclamar judicialmente lo que el Juzgado ha determinado que se le debía.

El importe de esas costas procesales,- entre las que se encuentran los gastos de abogado, de procurador, de perito y otros,- lo fija el Juzgado, en una tasación en la que los Colegios de la Abogacía, en lo que respecta a los gastos de defensa letrada, emiten un informe que sólo es orientativo y no vinculante, como parte de su obligación legal de colaboración con la Justicia.

A lo largo de todo el expediente sancionador, el ICABizkaia ha explicado y justificado que, para la elaboración de dichos informes orientativos y no vinculantes, aplica los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que son los Juzgados y Tribunales los que fijan las cantidades, después de oír las razones de cada una de las partes, y tomando los informes colegiales como mera orientación.

INFORMES DE TASACIÓN

En concreto, en el expediente sancionador de la CNMC, únicamente constan dos informes de tasación de costas del ICABizkaia. Uno de ellos daba la razón a Bankia en la necesidad de reducir los honorarios por la defensa letrada, el otro no. La CNMC no ha incorporado a la instrucción la tasación final establecida por el Juzgado en ninguno de esos casos.

Finalizada la instrucción del expediente sancionador, la Dirección de Competencia de la CNMC dictó una Propuesta de Resolución en julio de 2017 en la que proponía el archivo del expediente, por entender que no existía ninguna infracción, dado que las leyes habilitan a los Colegios a establecer criterios orientativos para las tasaciones de costas, y éstas son finalmente determinadas por los Juzgados y Tribunales, con una intervención de los Colegios meramente asesora.

En el expediente constan los informes de seis autoridades autonómicas de competencia que coincidían con esa apreciación, interpretando que no había existido ninguna infracción y que se debía archivar el expediente. Únicamente la Autoridad Vasca de la Competencia emitió informe aconsejando la sanción por infracción "muy grave", con la abstención de la que entonces todavía era su presidenta, María Pilar Canedo Arrillaga, por haber sido propuesta como vocal del Consejo de la CNMC.

En enero de 2018, el Consejo de la CNMC decidió desoír a la Propuesta de Resolución de Archivo y dictar un Acuerdo de Recalificación por infracción "muy grave". Finalmente, el 9 de marzo de 2018 ha notificado la resolución sancionadora, imponiendo al ICABizkaia una sanción de 125.000 euros.

La Resolución incluye un voto particular concurrente de María Pilar Canedo Arrillaga, (antigua presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia) en la que defiende la imposición de una sanción aún mayor,

aunque modulada de alguna forma conforme al principio de proporcionalidad.