En esta línea, Barranco ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, al objeto de obtener información precisa sobre la situación actual y las medidas que el Gobierno de Susana Díaz piensa adoptar al respecto.

La nulidad, según ha explicado la parlamentaria de Podemos Andalucía en un comunicado, es consecuencia de dos cuestiones principales. En primer lugar, destaca la ausencia de un "verdadero" estudio de identificación de los efectos globales de la aplicación del plan, dado que el informe incorporado en el PGOU es defectuoso en cuanto que no tiene un estudio de alternativas viables.

Se ha prescindido, tal y como recoge la sentencia del TSJA, de una Evaluación Ambiental Estratégica conforme a lo establecido en la Directiva 2001/45 de la Comisión Europea relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

En segundo lugar, el PGOU también carece de Informe de Sostenibilidad Económica, un documento esencial para garantizar analíticamente que los gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras y servicios que plantea el plan de ordenación puedan ser sustentados por las Administraciones públicas y en especial por la Administración local.

"Estamos ante una situación preocupante por las consecuencias a corto plazo derivadas de la sentencia del TSJA", ha afirmado Barranco que, no obstante, considera que también "se abre una ventana de oportunidad para replantear el modelo de ordenación urbana que Jaén necesita y que la ciudadanía está demandando en este momento".

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