En declaraciones a los periodistas, Rafael Román, representante del comité de empresa, ha defendido que la empresa pública no haga un tanatorio, que "debe ser privado", sino que dicha entidad "se debe encargar del cementerio".
Al respecto, ha apuntado que la administración municipal está en "una situación privilegiada", a lo que ha añadido que en la zona que se plantea "no se puede hacer, porque se saltan las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de competencia".
Asimismo, ha advertido de la posible pérdida de trabajo de más de 40 empleados directos y ha remarcado que van a continuar las movilizaciones, dado que cree que las consecuencias del proyecto son "perjudiciales", cuando se puede cubrir la demanda actual con las instalaciones que existen en la ciudad, según ha afirmado.
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