La nueva norma, en vigor desde el 10 de octubre, consiste en un descuento sobre el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) para aquellos clientes que tienen la condición de vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno. En este periodo de transición, el 11% de los clientes de EDP acogidos al bono social han renovado esta situación (poco más de 6.000 de unos 56.000).

Hay, además, otro 5% de solicitudes de renovación pendientes de validación en la plataforma del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Para favorecer las renovaciones, EDP ha puesto en marcha una campaña entre sus clientes acogidos al antiguo modelo de bono social.

La compañía les está enviando una carta certificada con toda la información, así como el formulario de solicitud y un sobre con franqueo pagado para que envíen la documentación. Los clientes pueden enviar la documentación por correo electrónico o postal, a través de la web www.edpenergia.es o presentándola en una de las oficinas de atención al cliente de EDP. La compañía también pone a disposición de sus clientes el teléfono gratuito 900902947, donde podrán informarse sobre los requisitos del bono social y de la documentación que deben aportar para solicitarlo.

Aquellos clientes que no renueven el bono social antes del 10 de abril, podrán solicitarlo de nuevo cuando lo deseen, siempre y cuando aporten la Nota de Prensa Dirección de Comunicación EDP España 902 830 100 documentación y cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

La campaña de EDP se enmarca dentro de la política de la compañía de situar al cliente en el centro de todas las decisiones que toma la organización, al mismo tiempo que refuerza su cercanía con las personas, poniendo a su disposición todas las ventajas y las mejores soluciones energéticas del mercado.

Hasta la entrada en vigor del nuevo modelo, los motivos eran cuatro: estar en situación de desempleo, pensionistas que perciben la cuantía mínima, tener una potencia contratada inferior a 3 KW y ser familia numerosa. Ahora, los requisitos establecidos por el gobierno atienden, fundamentalmente, a criterios de renta y situación familiar, además de establecer un límite máximo de consumo anual sobre el que se aplica el descuento.

Para el criterio de renta de la persona o unidad familiar, el gobierno toma como referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que actualmente es de 7.519,59 euros anuales. Los clientes que cumplen estos requisitos de renta y situación tienen la consideración de vulnerables y la comercializadora de referencia aplica un 25% de descuento sobre el consumo que realizan. En los casos en los que el consumidor o unidad familiar tenga una renta anual igual o inferior al 50% de esos umbrales, tendrá la consideración de vulnerable severo, por lo que tendrá un descuento del 40% en el consumo.

Tanto los vulnerables como los vulnerables severos verán incrementado un 0,5 el indicador de referencia cuando tengan una discapacidad igual o superior al 33%, sean víctimas de terrorismo o de violencia de género. Por ejemplo, una persona con una discapacidad del 33% sin menores a su cargo podrá acogerse al bono social si su renta es dos veces el Iprem (15.039 euros).