El pleno del Congreso someterá el jueves a debate las dos enmiendas a la totalidad, la del PP y Ciudadanos, que, lejos de estar en contra de acabar con la prisión permanente revisable como impulsa el PNV, quieren que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal.

El debate se reabre justo después del crimen del niño Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado este domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre, y de confirmarse la autoría de Ana Julia Quezada, encajaría en los supuestos de la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español.

Con los votos de la mayoría de diputados salió adelante en octubre la toma en consideración de la proposición de ley de los nacionalistas vascos que reclaman derogar esta polémica figura que supone el mayor castigo penal para delitos especialmente graves y que fue incluida en la última reforma del Código Penal hace dos años y medio.

El PNV defiende que es de "dudosa constitucionalidad", que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación "erosiona" los principios de reinserción de los encarcelados.

Ahora, cinco meses después de que la propuesta del PNV obtuviera el aval del arco parlamentario -solo el PP y el diputado de UPN dejaron claro su apoyo a la prisión permanente-, y con la presión de la campaña de la plataforma de familiares de víctimas de asesinatos, liderados por el padre de Diana Quer o el de Mariluz Cortés, el Congreso retoma el debate de las dos enmiendas a la totalidad.

Gabriel, menor de 16 años

La prisión permanente revisable se podría imponer, de confirmarse el asesinato, al tratarse de una víctima menor de 16 años, uno de los delitos en los que se aplica esta pena de cárcel por tiempo indefinido y sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad.

El objetivo de la prisión permanente revisable, aprobada en 2015 como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana con los únicos votos a favor del PP, es impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas.

Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas (artículo 76), aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación.

La prisión permanente revisable sólo puede imponerse por asesinatos en los que concurra una específica circunstancia agravante, como cuando la víctimas es menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable, o cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.

También se puede imponer en los casos de asesinatos múltiples, en los cometidos por miembros de una organización criminal, contra la Corona (matar al Rey, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a la Reina consorte, entre otros), en delitos contra el derecho de gentes (matar o violar la inmunidad personal de un jefe de Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado), en delitos de genocidio y de lesa humanidad, en la obstrucción de la recuperación del cadáver, en los asesinatos después de secuestro, en las violaciones en serie, en las violaciones a menores tras privarles de libertad o torturarles, o en las muertes provocadas en incendios, estragos causados en infraestructuras críticas y liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Encuesta

¿Estás de acuerdo con que se mantenga en España la prisión permanente revisable?

Sí. Es justo que quienes cometan delitos de excepcional gravedad no puedan salir de prisión.
89,34 % (62579 votos)
No, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.
4,97 % (3479 votos)
Se debería retrasar el debate y no tomar decisiones en caliente.
5,7 % (3990 votos)