Fomento solicita que sea servicio público la conexión aérea entre Almería y Sevilla

  • Lo pedirán a la UE.
  • La propuesta tiene el visto bueno de la ministra Magdalena Álvarez.
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El Ministerio de Fomento ha visado la solicitud tramitada por la Junta de Andalucía para la declaración de servicio de interés público de la futura conexión aérea entre Sevilla y Almería, que el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunció el pasado 31 de octubre.

Así lo anunció el secretario provincial del PSOE, Martín Soler, quien aseguró que fue la titular del ramo, Magdalena Alvarez, la que comunicó el "visto bueno" a la propuesta, que se ha remitido ahora a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre su viabilidad.

Soler declinó, no obstante, precisar cuántas compañías han mostrado disposición para concurrir al concurso público que se convocará al efecto pese a que Chaves informó hace un mes del "interés" de tres operadoras de bajo coste.

De momento, sólo 'Vueling' ha reconocido una negociación "en fase muy preliminar" para optar a cubrir la línea mientras que fuentes de Spanair descartaban la posibilidad "a corto plazo" aunque reconoció que la propuesta es "interesante".

La Junta de Andalucía inició el pasado día 4 de noviembre los trámites para conseguir la declaración de la línea de "obligado servicio público", tras desestimar el pleno del Parlamento andaluz su puesta en marcha antes de las elecciones autonómicas del 9 de marzo de 2008.

La línea entre Sevilla y Almería conectaría ambas áreas metropolitanas en 50 minutos frente a los "poco competitivos tiempos" del transporte por carretera o ferrocarril que se sitúan en cuatro y cinco horas, respectivamente.

El estudio elaborado por la administración autonómica establece una frecuencia diaria de cuatro vuelos, que se reducirían a dos los fines de semana y operados por un avión turbohélice con 50 plazas para una demanda potencial que se calcula en 60.000 viajeros al año.

Según los plazos facilitados por Chaves el pasado octubre, la tramitación se prolongará entre nueve y doce meses, ya que, una vez obtenida la declaración de obligado servicio público, deberá pasar por el Consejo de Ministros.

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