Uber, plataforma que conecta a conductores con usuarios, ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra la Administración del Estado por el real decreto del pasado 29 de diciembre que regula las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), contra la que ya se ha personado Fedetaxi.

La organización representativa de los taxistas en España (Fedetaxi) ha comunicado este viernes que "defenderá la legalidad de las medidas antiespeculación" aprobadas por la norma aprobada por el Gobierno en diciembre, que regula la actividad de las empresas de VTC.

Con este nuevo litigio en el Supremo, Uber se ha anticipado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha requerido al Ministerio de Fomento que, para evitar acudir al Supremo, derogue antes el citado real decreto por entender que "restringe la competencia de forma injustificada".

En cuanto a la demanda, Uber rechaza principalmente dos capítulos que contiene la nueva norma: la prohibición a comerciar con las licencias de VTC durante dos años y la obligación para las compañías de VTC de comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje antes de su realización. Uber, además, ha solicitado al alto tribunal la suspensión cautelar del real decreto en tanto no se celebre el juicio y se dicte sentencia, han señalado fuentes jurídicas.

Fedetaxi dispone hasta el próximo 16 de marzo para presentar alegaciones y contestar a la petición por parte de Uber de medidas cautelares. Paralelamente, los taxistas no descartan que, en las próximas semanas, otras organizaciones del sector se personen en la causa abierta por Uber en el Supremo.

En cuanto a las demandas presentadas por Uber y la CNMC contra varios preceptos del anterior real decreto de 2015 sobre las VTC, el Tribunal Supremo ha fijado la vista para el 17 de abril. Fedetaxi se encuentra también personada junto a Fomento, Comunidad de Madrid y Generalitat de Cataluña frente a la CNMC, Uber y Cabify.

La CNMC presentó en julio del año pasado una demanda ante el Supremo en la que pedía la nulidad de varios preceptos del real decreto que limita el número de licencias de VTC a un máximo de una por cada treinta taxis.