La primera de ellas, planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, insta al Gobierno asturiano a llevar a cabo una evaluación del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres para medir los objetivos alcanzados desde su entrada en vigor; reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, y prohibirla directamente en soportes, publicaciones o transportes públicos; e implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas, contrarios a cualquier tipo de discriminación.

La segunda de las iniciativas, defendida por Podemos, instaba al Principado a determinar que los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias se personen en juicios sobre conflictos laborales que afecten a trabajadoras en sectores feminizados y/o precarizados y que evalúen el ejercicio de acciones penales.

Reclamaba además que se determine que los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias se personen en los juicios que traten sobre discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y que evalúen el ejercicio de acciones penales; en los juicios que traten sobre discriminación de las mujeres en el ámbito deportivo; en los juicios de violencia de género, violencia doméstica y por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

En el caso de esta iniciativa, el resto de fuerzas han rechazado la iniciativa, a excepción de Izquierda Unida, al entender que se estaría rompiendo la separación de poderes y que es el Ministerio Fiscal el que, de oficio debe personarse en casos en defensa del interés general.