Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por la reciente decisión de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo, que considera que la norma, aprobada por el Consell el pasado mes de septiembre, "no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitaria recogido en el decreto 9/2017 que había sido suspendido por el alto tribunal meses antes".

La consellera ha apuntado que sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la Conselleria de Educación, si bien ha señalado por su parte que desde la Generalitat se seguirá trabajando para que en la Comunitat Valenciana se mejore la educación y la competencia lingüística, recuperando la calidad, más profesorado y más formación, con el fin de que cundo los alumnos terminen su etapa educativa dominen los tres idiomas. "Y en eso está empecinado el Consell", ha subrayado.

Oltra, que ha lamentado el "intento de paralización del PP" de las mejoras para que los niños tengan más competencia lingüística "tras fracasar en sus 20 años de Gobierno", ha pedido a los 'populares' que "no pongan palos en las ruedas" en esta cuestión, que ha subrayado que "no afecta para nada" a nadie de la comunidad educativa ni al funcionamiento de los centros.

En esta línea, ha defendido que la Generalitat "ha cumplido en todo momento con los mandamientos judiciales" y ha añadido que cualquier otra interpretación "se sale del ámbito jurídico". "Yo soy jurista y no puedo más que calificar de insólita la decisión del TSJCV por presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre una norma derogada", ha manifestado.

"Se me escapa la explicación jurídica", ha admitido, aunque ha rechazado pronunciarse sobre "juicios de valor que contiene". "Como creo que sobre otros no es bueno, y menos en el ámbito judicial, me guardaré la opinión que tengo sobre ellos, pero en las resoluciones judiciales deben estar ausentes los juicios de valor", ha insistido, en alusión a la "exigencia de taxatividad y seguridad jurídica

mínima que se debe exigir a cualquier resolución judicial".