De esta manera, las dos ex conselleras socialistas deberán declarar a partir de las 10.00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino.

Cabe recordar que a finales de febrero, el ex conseller de Turismo, Carlos Delgado (PP), responsabilizó tanto a Oliver como a la que entonces era presidenta del Consell, Francina Armengol -la actual jefa del Ejecutivo autonómico- de tomar la decisión de comprar el inmueble.

Delgado aseveró que tanto "la decisión de la compra" del solar del Hotel Rocamar en Sóller, "como las tasaciones" del mismo fueron tomadas Armengol y Oliver" y, además, negó haber cometido "ninguna irregularidad".

DELGADO: "LA DECISIÓN FUE DEL GOVERN DEL PSIB"

Así se expresó, tras su declaración ante el juez instructor. Además, negó que se ocultara información y destacó que para él lo más importante era que "la decisión de la compra del Rocamar se adoptó por el gobierno anterior (PSIB)" ya que ellos solo seguían los "informes técnicos".

En este sentido, remarcó que "Bel Oliver, como consellera insular, encargó a dedo tres valoraciones" y establecieron que se debía gastar "un mínimo de un millón de euros", según se les informó en la primera junta del consorcio que gestionaba la compra cuando accedieron al Govern.

Junto a Delgado, esos días declararon los miembros de la junta rectora que aprobaron la compra del solar. Así, Segismundo Morey, miembro de la junta , declaró que no se detectaron irregularidades y que el precio de compra no les alertó de que podía haber un fraude.

Según explicó tras declarar, la compra estaba avalada por informes técnicos y era la tasación más barata por lo que el precio no les llevó a sospechar. También declararon como investigados: Josep Aloy, Joana Aina Perelló, Neus Lliteras, y el sindicalista, Ginés Díez (CCOO).

Por su lado, Díez consideró que se jugó con la buena fe de los sindicatos en la compra del solar. Así lo informaron fuentes judiciales que explicaron que en la reunión en la que se aprobó la compra no se habló de precios y que tanto la posición de Díez como la del representante de UGT, Antonio Copete, fue la de comprar al menor precio posible.

UGT Y CCOO: "LAS COSAS NO IBAN BIEN"

Copete, que declaró como testigo, aseguró que detectaron que las cosas "no iban bien" cuando se hizo la compra y tuvieron que pedir las tres tasaciones por escrito, las cuales les fueron facilitadas posteriormente a la compra.

Asimismo, el ex secretario general de Turismo y también miembro de la junta, Joaquín Legaza, defendió ante el juez unos días después que el hotel Rocamar no se podía comprar por una cantidad inferior a los 970.000 euros que se pagaron porque tenía una carga, si bien matizó que cuando acudió a la negociación desconocía que existiese esta hipoteca.