Así lo ha recogido el manifiesto que la Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha elaborado para este 8 de marzo, al que se ha sumado Cermi Baleares.

Con el lema 'Por una justicia real y efectiva para las mujeres con discapacidad', la FCM ha criticado que "el acceso a la justicia sigue estando vetado para miles de mujeres con discapacidad, que enfrentan obstáculos de toda índole a la hora de hacer valer sus derechos en sede judicial".

En esta línea, desde el Cermi han explicado que "la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son herramientas clave que la ciudadanía tiene a su disposición para evitar que las violaciones de sus derechos e intereses legítimos queden impunes".

Las mujeres con discapacidad, casi 2,5 millones en España, "conocen bien lo que significa ver conculcados sus derechos y también experimentar que poco o nada se hace para defenderlos", han manifestado desde el Cermi.

De este modo, han denunciado que "sigue siendo todavía una ardua tarea denunciar que las mujeres con discapacidad también son potenciales víctimas de violencia de género".

En este sentido, la FCM ha recordado que en torno a un 13 por ciento de las mujeres que son asesinadas por sus parejas y/o exparejas cada año tienen algún tipo de discapacidad y, sin embargo, este dato "no pasa de ser una información anecdótica plasmada en la página de algún periódico".

Por ello, la FCM ha erradicado "las inercias que plagan la actuación jurisdiccional, basadas en estereotipos y mitos en torno al género y la discapacidad".

Además, ha reclamado que "se garantice la plena accesibilidad del sistema de justicia y la formación de sus profesionales, así como que la futura Fiscalía especializada en discapacidad sea una instancia de verdadera protección de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, coordinando su acción con el trabajo que desarrolla la Fiscalía de violencia sobre la mujer".

Por otra parte, la FCM ha afirmado que "no se puede olvidar a las miles de mujeres con discapacidad que actualmente se encuentran incapacitadas judicialmente y que, por lo tanto, no pueden acceder a la justicia por sí mismas".

Por último, ha instado al Gobierno central a prohibir las "esterilizaciones forzosas; que reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que han sufrido en España miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento y que apruebe medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos".