Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ambos, condenados anteriormente por otras causas por defraudación tributaria y estafa, han edificado o instalado, en calidad de promotores y constructores, al menos cinco viviendas de madera o material similar prefabricado, con una planta, sobre suelo de hormigón fijo y de entre 50 y 90 metros cuadrados distribuidas en varias habitaciones y con baños, motivo por el que también los condena a la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años.

Se trata de unas edificaciones que se encuentran situadas en suelo no urbanizable sin especial protección y carecen de licencia municipal. Además dos de estas casas fueron usadas por los acusados como segundas residencias mientras no las vendían y otras fueron vendidas en documento privado en 2011 y 2013.

Otra de las subparcelas fue adquirida por otra persona por unos 20.800 euros y, al comprobar que no se podía construir, instaló una roulotte y una tienda de campaña. Además, el juez considera probado también que en Junio de 2013 el acusado anunció en internet la venta de parcelas en la finca reseñada por un precio de 60.000 euros con casa construida y de 25.000 sin ella.

Detectada la situación en junio de 2013 por agentes de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de la Policía a la Junta de Andalucía se elaboró un atestado, remitido a Fiscalía en diciembre 2013, denunciándose los hechos ante el decanato.

El juez ha suspendido la pena al hijo condicionada a la demolición o retirada de dos de las edificaciones reseñadas en un año y, en el caso del padre, además al pago de una multa de 1.080 euros.