La comunidad rohingya, como así apunta Amnistía Internacional, está siendo especialmente acosada y maltratada desde el 25 de agosto, después de que militantes rohingyas atacaran de forma coordinada a las fuerzas de seguridad del norte de la provincia de Rakhine de Myanmar.

Ante ello, el ejército respondió con el asesinato de cientos de mujeres, hombres, niños y niñas rohingya, además de utilizar todo tipo de violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Estas violaciones de derechos humanos han provocado que más de 600.000 rohingyas se hayan visto obligados a huir a Bangladesh, país vecino.

Amnistía Internacional relata que los abusos y crímenes contra los rohingya, así como contra otras comunidades musulmanas, son constantes y sistemáticos en el estado de Rakhine, donde viven segregados y padecen severas restricciones a sus derechos a la libertad de circulación, acceso a la educación, a la salud y medios de subsistencia, así como a practicar su religión e, incluso, el derecho a la nacionalidad.

Además, se cree que miles de personas, en su mayoría rohingyas, pueden estar atrapadas en las montañas de esta región, negándoles ayuda básica al no permitir a ONG u organizaciones humanitarias acceder a la zona.

Según las investigaciones de Amnistía Internacional, los ataques y abusos perpetrados por Myanmar contra los rohingyas constituyen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad según el derecho internacional, como pueden ser homicidios ilegítimos, deportación y desplazamiento forzado, tortura, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, persecución basada en motivos étnicos o religiosos.