Las jornadas se han organizado con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados de Baleares (Icaib), cuya sede ha acogido las ponencias.

Durante las jornadas, el director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, ha afirmado que la nueva ley "dota al urbanismo de instrumentos que permitirán hacer efectiva la disciplina y restituir la legalidad".

En este sentido, ha destacado que la ley prevé que las ilegalidades en suelo rústico nunca prescriban, "de manera que quien construya ilegalmente sabe que siempre se podrá demoler la obra".

Además, ha recalcado que se prevén multas coercitivas progresivas para que el responsable de la obra termine por acatar la demolición y la restitución del terreno a su estado original.

En este sentido, Corral aseguró que la ley fija el camino para afrontar con garantías la disciplina urbanística, "el gran reto del urbanismo en las islas".

Corral también ha apuntado que el hecho de que las competencias en suelo rústico protegido sean asumidas por los Consells insulares "facilitará el cumplimiento de la ley".

El objetivo de las jornadas es profundizar en el detalle del régimen disciplinario e intercambiar opiniones con los profesionales. También han participado la consellera de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, y el director de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, Bartomeu Tugores.

LEY DE URBANISMO

Entre otras novedades, la Ley de Urbanismo prevé sanciones para obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable de entre el 50 y el 70 por ciento del valor de la obra ejecutada si el uso es permitido; y de entre el 75 por ciento hasta el cien por cien del valor de la obra si es no permitido.

Para obras e instalaciones en suelo rústico se prevén multas de entre el 150 por ciento y el 300 por ciento del valor en uso autorizado, y hasta 300 por cien si es un uso prohibido.

Además, se simplifican las ejecuciones de órdenes de demolición, que quedan exentas de licencia urbanística previa: se presenta el proyecto y si el ayuntamiento no dice nada en un plazo de un mes, se inicia el plazo para ejecutarla.

Además, se fijan responsabilidades para las autoridades y cargos públicos que, con conocimiento de causa y teniendo posibilidad de impedirlo, permiten la indisciplina urbanística -por ejemplo, si dejan caducar expedientes o dejan de sancionar una infracción o de ordenar el restablecimiento-.