Establecida en el seno de la Comisión de Hacienda y Política Financiera, la ponencia propuesta por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E busca abrir un período de reflexión para, dada la trascendencia de la Ley en términos económicos y de impacto social, recabar información y pareceres diversos a fin de elaborar el mejor texto posible, ha informado la Cámara foral en una nota.

La ponencia desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe en el plazo de un mes.

La ponencia, que tras quedar formalmente constituida ha iniciado ya sus trabajos, está integrada por Jokin Castiella (Geroa Bai), Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), Arantxa Izurdiaga (EH Bildu), Ainhoa Unzu (PSN), Laura Pérez (Podemos), Javier García (PPN) y José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra).

En calidad de suplentes figuran Juan Carlos García Adanero (UPN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Carlos Couso (Podemos), Guzmán Garmendia (PSN), Ana Beltrán (PPN) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra).

Como documento de partida, la ponencia cuenta con el proyecto de ley de Contratos Públicos de Navarra enviado al Parlamento (septiembre de 2017) por el Gobierno, al que hay que añadir las 204 enmiendas parciales registradas.

El proyecto de Ley Foral tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico navarro al escenario europeo de contratación para, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, propiciar un modelo de desarrollo económico que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social, al tiempo que se garantiza un uso eficiente de los fondos públicos, ha añadido la Cámara.

En ese contexto y en sintonía con las Directivas de cuarta generación, la ley foral pretende "promover un mercado más competitivo, facilitar la participación de las pymes (ofrecen el mayor potencial de empleo) y proporcionar herramientas para la utilización de la contratación pública como un instrumento de las políticas sociales, ambientales o de investigación, todo ello desde un prisma modernizador inserto en el marco de la globalización económica".

Es por eso que, "para caminar hacia una economía social de mercado altamente competitiva, se incluyen medidas de simplificación del procedimiento y de reducción de cargas administrativas, todo ello en torno a la búsqueda de la mejor relación calidad-precio, concepto clave en cualquier adjudicación".

A tal fin, en la sesión de este martes han participado Marta Echavarren, directora del Servicio de Patrimonio, y Silvia Baines, jefa de la Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos.

En principio, están previstas otras tres reuniones, los días 13, 14 y 16, antes de trasladar el informe de la ponencia a la Comisión de Hacienda y Política Financiera, cuyo dictamen se prevé elevar al pleno del 12 de abril.

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