Mientras estas personas han sido citadas como investigadas por presuntos delitos de "daños, atentado, coacciones y lesiones", según figura textualmente en una de las notificaciones, recogida por Europa Press, fuentes de su representación legal han precisado que serían una docena los llamados a comparecer, aunque un portavoz del colectivo había llegado a manifestar que eran más de 20 las personas investigadas.

Entretanto, la defensa de los seis activistas detenidos y encarcelados tras los altercados que marcaron el desalojo del citado episodio de ocupación sigue esperando que el Juzgado responda a su recurso contra el auto que decretaba el ingreso en prisión provisional.

El recurso para pedir su excarcelamiento se sustenta en que la privación de libertad supone una medida "desproporcionada" no sólo respecto a los hechos atribuidos a los detenidos, sino además con relación a las penas estipuladas para este tipo de delitos.

Las viviendas ocupadas, todas ellas de renta libre, han sido construidas en la parcela de la calle Macarena que otrora acogiese el centro ocupa Casas Viejas, icono del movimiento ocupa de Sevilla y desalojado allá por 2007. El episodio de ocupación habría comenzando con una primera pernocta protagonizada por unas 25 personas, que se instalaron en estas viviendas con "colchones y mantas".

Pero la mañana posterior a la ocupación, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para el desalojo, que, según informaban a Europa Press fuentes policiales, fue plenamente consumado y se saldó con la detención de seis personas relacionadas con este episodio de ocupación.

Y es que el desalojo habría incluido incidentes entre los agentes y los protagonistas de la ocupación, dado que mientras desde la Corrala Dignidad señalaban que los agentes habían "cargado con fuerza" y "dado porrazos" a los activistas, la Policía Nacional confirmaba que fruto de la intervención, resultaron "lesionados" varios miembros del colectivo ocupa y efectivos policiales.