La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha informado de que no va a acudir a la mesa técnica convocada esta tarde por el Gobierno de Aragón para la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) porque el Ejecutivo pretende una "farsa de acuerdo" tras presentar un documento "falto de contenido".

En rueda de prensa, el portavoz de la RAPA, Miguel Ángel Oliván, ha estimado que ese texto "es una sucesión de principios filosóficos sobre la depuración sin contenido real" y por eso lo ha calificado de "hoja parroquial de la depuración".

Según ha dicho, su organización no volverá a la mesa técnica "hasta que no se presente un documento sobre el que trabajar" porque el actual no permite una "negociación real" y "desdeña" el trabajo desarrollado por la RAPA, que formuló una propuesta concreta.

Oliván ha estimado que el Gobierno autonómico pretende una "farsa de acuerdo" que le posibilite decir que ha cumplido su compromiso con Podemos de contar con un texto fruto del consenso social para presentarlo en las Cortes de Aragón como base sobre la que trabajar en el Parlamento la modificación legal del ICA.

Sin embargo, el portavoz de la RAPA ha subrayado que el documento del Ejecutivo "no responde a la movilización social" y solo persigue cumplir con la "formalidad" de su compromiso con Podemos, mientras el Instituto Aragonés del Agua "sigue con el cobro del impuesto" y ha anunciado que va a enviar cartas certificadas a quienes no lo hayan abonado.

Oliván también ha opinado que la propuesta del Gobierno de Aragón "no es más que humo" y una "manera de paralizar la movilización social", pero, de hecho, el Ejecutivo "no está tomando ninguna medida para avanzar".

MORATORIA

El portavoz de la RAPA ha comentado que si el Ejecutivo quisiera modificar el impuesto, debería establecer una moratoria en el cobro del recibo y ha anunciado que han abierto un debate en los barrios y el territorio para que sean los propios ciudadanos quienes lleven a efecto esa moratoria no pagando el impuesto.

Al respecto, ha remarcado que desde esta organización siempre han expuesto las diferentes alternativas que tienen los ciudadanos y sus consecuencias, de forma completa, y ha indicado que la decisión la debe tomar cada persona.

Según ha esgrimido, se trataría de que la ciudadanía diera un "empujoncito" al Gobierno de Aragón, "en vista de que este no se mueve nada", a lo que otro de los portavoz de la RAPA, José Luis Martínez, ha precisado que la "responsabilidad" con la que han actuado hasta ahora se ha podido entender como "muestra de debilidad".

Por eso, con esta medida quieren escenificar "que no nos gusta como están ocurriendo las cosas". Por su parte, Oliván ha manifestado que unos 100.000 recibos no se han pagado y los recursos presentados por parte de la RAPA suman 35.000, si bien tienen conocimiento de que miles de ciudadanos los ha presentado directamente.

En este punto, este portavoz de la Red ha esgrimido que, por eso, plantean dejarlo de pagar, de momento, algo que "no es nada que no haya sucedido ya", siempre aportando a los ciudadanos toda la información sobre las consecuencias de esta decisión.

Respecto a los recursos, ha asegurado que "están sustentados jurídicamente y pensamos que los vamos a ganar", si bien ha reconocido que será un proceso largo y que es posible que deba ser un juez quien tenga que tomar la decisión final.

IRRESPONSABILIDAD

Oliván ha sostenido que desde la RAPA "somos los únicos que hemos dado muestras de responsabilidad y hemos puesto sobre la mesa la situación, el malestar ciudadano y una solución", mientras que por la parte contraria hay "irresponsabilidad" al "no reconocer lo que está ocurriendo, como si no existiera".

El portavoz de la RAPA ha pedido al Gobierno de Aragón que conteste a su propuesta y disponer de un texto "sobre el que trabajar" ya que hasta ahora la "única respuesta" es un texto que significa "que no quiere negociar con nosotros" ya que "no supone contrastar opiniones y buscar líneas de encuentro".

Oliván ha señalado que el Ejecutivo es quien ha tomado "todas las decisiones" en la mesa técnica y le ha emplazado a "dar una respuesta al descontento ciudadano", para lo que, a su juicio, se deben dejar de pasar recibos, encontrar una alternativa y ponerla en marcha "lo más rápido posible".

La RAPA aboga por recuperar la autonomía municipal en la gestión del agua y realizar un nuevo plan de depuración, con una financiación que se base en una tasa. Para esta organización, los hechos no demuestra, por ahora, que el Ejecutivo haya impulsado un "cambio de modelo", como propugna este último.

Oliván ha apuntado que las concesiones para construir depuradoras en el Pirineo "siguen estado en manos de quienes las tenían" y ha advertido de que se ha sacado a contratación por dos millones de euros la revisión del plan de depuración, para desear que no sea adjudicado a quienes "han pasado de la gestión pública a la privada".

Por su parte, José Luis Martínez ha comentado que también van a mantener reuniones con autoridades locales, comarcales y provinciales para explicar el contenido de su propuesta. Igualmente, han cursado solicitud a todos los grupos de las Cortes de Aragón para darles a conocer su propuesta, que debería servir, al menos, como documento de trabajo, según la RAPA.