María Oliver en imagen de archivo
María Oliver en imagen de archivo VALÈNCIA EN COMÚ - Archivo

Así lo ha indicado en un comunicado la portavoz del grupo, María Oliver, después de que este lunes el Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007 diera el visto bueno, con su voto en contra, al inicio de los trámites para la licitación pública de la concesión para la construcción y explotación de la parcela situada junto a la antigua Estación Marítima, donde está prevista la edificación de un hotel, que tendrá que tener en cuenta el impacto paisajístico, la sostenibilidad y la participación ciudadana, según anunció el alcalde, Joan Ribó.

Oliver ha señalado al respecto que el hotel se pretende construir en unos terrenos que son propiedad de la Autoridad Portuaria pero que, en virtud de un convenio, en 2013 fueron cedidos al Ayuntamiento de Valencia "siempre y cuando se destinaran a un fin de interés público". "En este caso, se consideró de interés público cualquier explotación privada que permitiera el pago de la deuda que generó la 32 America's Cup", ha dicho.

En esta línea, apunta que "si esos terrenos se destinan a la construcción de un hotel, cuando se acabe de pagar la deuda, o esta sea condonada, que es por otra parte lo que estamos pidiendo desde el Ayuntamiento, esos terrenos, volverán a ser de la autoridad portuaria, ya que el interés público habría desaparecido y los beneficios generados por el hotel corresponderían a la Autoridad Portuaria".

Sin embargo, añade que en el momento que expire la vigencia del consorcio, el Ayuntamiento debería pasar la explotación del hotel a la Autoridad Portuaria, "por lo que la ciudad de València se vería obligada, por el pago de una deuda ilegítima a asumir la existencia de un elemento volumétricamente aberrante y de ningún interés público, del que jamás podrá obtener ningún beneficio que no sea el pago de esta deuda".

CRÉDITO ICO

"Teniendo en cuenta que el crédito ICO son más de 400 millones de euros, el aprovechamiento que le pudiéramos obtener del hotel no supone ni remotamente la posibilidad de pagar la deuda, ni tampoco va a permitir gastar ese dinero en invertir en el espacio público de La Marina, porque en virtud del convenio los beneficios han de dedicarse obligatoriamente a pagar el crédito ICO", ha recalcado la edil.

Oliver ha subrayado que el Estado, según quedó demostradoe n la reunión del lunes, "tiene como único interés en este Consorcio el pago de la deuda y niega su participación en cualquier inversión en el espacio público de La Marina hasta que no se pague esa deuda, por eso han rechazado invertir en la ordenación de la necesaria plaza adjunta al Tinglado 2, que tendremos que pagar mediante donaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento".

Para València en Comú, los objetivos ene ste caso son hacer una "reestructuración de la deuda que tenga un planteamiento realista con respecto a los posibles aprovechamientos que se pudieran obtener de La Marina"; que aquella deuda "imposible de abordar sea condonada como ya se hizo en otros casos similares en otras ciudades del Estado (Barcelona y Sevilla)" y potenciar La Marina "como espacio de uso público y que los usos privativos que se planteen para generar ingresos que permitan reducir la deuda, se limiten al periodo de vida restante del Consorcio, es decir, 20 años".

De igual modo, propone que los aprovechamientos del suelo que se deriven de esa necesidad "no tengan un impacto paisajístico y urbanístico inasumible para el delicado entorno urbano del puerto antiguo de la ciudad y Els Poblats Marítims".

En este contexto, València en Comú aboga por mantener el Consorcio "como herramienta de gestión del espacio urbano La Marina, asumiendo que el Estado no va a participar de ninguna inversión que tenga que ver con la mejora del espacio público" y que se ocupe "de pagar la deuda reestructurada del crédito ICO y de ganar zonas públicas para la ciudadanía" y "negociar con la Autoridad Portuaria un cambio en el planeamiento de La Marina que se ajuste al pago de la deuda reestructurada y a los intereses de la ciudadanía".

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