El secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, ha explicado a Europa Press que la idea es la ampliación de las funciones atribuidas a la comisión de trabajo en el ámbito de las condiciones docentes del PDI, al objeto de darle un carácter "permanente" a un organismo que en principio únicamente fue creado para abordar las cuestiones relativas a la normativa de dedicación académica

Al respecto, hay un compromiso de nueva convocatoria de la mesa a finales de abril para poder llevar a la misma aquellos aspectos normativos que sean susceptibles de mejora, con la premisa "prioritaria" de dar cumplimiento al acuerdo de que ningún profesor supere las 240 horas.

También se ha mostrado la aquiescencia en cuanto a la reclamación de que cargos unipersonales de gestión puedan ser asimilados a estatutarios a efectos de acreditación, llegándose a un principio de acuerdo con el Vicerrectorado de Ordenación Académica para llegar a una lista consensuada con los cargos "reales" y no reconocidos que se vienen ejerciendo en la universidad por parte del PDI.

Por otro lado, se ha llevado la creación de un protocolo para evitar casos como el de la profesora Encarnación Santamaría, en el cual la docente perdió su condición de funcionaria tras darse de baja a petición propia. Así, se instaurará una diligencia informativa en la que se establezca que "cuando un profesor pida la renuncia a un puesto se iniciará un procedimiento para advertirle de las consecuencias y ver las causas".

Por último, en ruegos y preguntas, un representante del colectivo de interinos ha puesto de manifiesto la "indignación" del mismo, afeando a la US su comportamiento en la huelga de PDI de septiembre de 2017, respecto a la cual el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha calificado de "desproporcionada" la designación de servicios mínimos.

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