La oposición parlamentaria (PP, Podemos y el grupo mixto) ha unido este lunes sus votos en el Pleno del Parlamento para forzar que se apruebe, en contra del criterio de los grupos que sustentan al Gobierno regional (PRC y PSOE), una iniciativa para que el vial La Hermida (Peñarrubia) a Bejes (Cillorigo de Liébana) pase a ser carretera autonómica y su mantenimiento sea responsabilidad del Ejecutivo regional.

"Hoy en el Parlamento le dicen que la tienen que asumir", ha advertido al bipartito regional PRC-PSOE el diputado del PP y exconsejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, que ha sido el encargado de defender esta proposición no de ley (PNL) de su grupo, que ha salido adelante por un ajustado 18 votos a favor y 17 en contra.

A juicio del diputado 'popular' se trata de una "reivindicación totalmente justa", algo que han compartido el resto de la oposición. Así, por ejemplo, el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, y el del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, han considerado en que la petición de que esta carretera se reconozca como de titularidad autonómica es "de sentido común".

Blanco ha acusado al consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón (PRC), de haber dado "largas" a los alcaldes de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana cuando le plantearon su demanda, escudándose en que asumir las competencias de ese vial era algo que "no se podía hacer", algo que ha contradicho el diputado podemita.

El diputado de Podemos ha asegurado que la Ley de Carreteras de Cantabria prevé que el Gobierno regional pueda asumir las competencias de unas características como la de La Hermida y Bejes.

El diputado del grupo mixto Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha considerado "alucinante" que haya carreteras, como la que se ha debatido, que hayan permanecido hasta ahora "en un limbo" y ha defendido que es el Gobierno de Cantabria el que tendría que asumir la responsabilidad.

Entre los argumentos de la oposición para defender que la carretera debe ser autonómica, han figurado que fue construida a finales de los años 70 del siglo XX por la entonces Diputación Provincial y que tras su ejecución no fue cedida formalmente a los ayuntamientos; que presenta "problemas para el mantenimiento"; que discurre por dos municipios y que, además y es el único acceso para llegar a Bejes.

Por todo ello, Rodríguez Argüeso considera que "no tiene sentido" que el mantenimiento corra a cargo de los ayuntamientos y ha reconocido que ha sido un "error" la situación que ha tenido desde su ejecución esta carretera.

"Es un error que hemos cometido todos y los errores se van solucionando tomando decisiones en momentos determinados", ha dicho Rodríguez Argüeso, al que regionalistas y socialistas le han recordado que durante su etapa como consejero no atendió a esta demanda.

Además, han mostrado su "sorpresa" por esta reclamación después de que en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria aprobado durante la pasada legislatura, con él como consejero, tampoco se planificó ninguna actuación en esta carretera.

En respuesta a regionalistas y socialistas, Rodríguez Argüeso ha señalado que en dicho Plan no se incluyen carreteras municipales. "Cómo va a estar en el Plan de Carretas si no está en el catálogo (autonómico)", ha aseverado.

También Rodríguez Argüeso ha contestado al argumento de los regionalistas de que asumir las competencias de este vial por parte de la comunidad autónoma "supondría un precedente injustificable" cuando en Cantabria hay 2.000 kilómetros de carreteras municipales.

Así, el diputado popular ha recordado que el Gobierno PRC-PSOE se ha comprometido a convertir en autonómica la carretera de La Montaña, de titularidad del Ayuntamiento de Torrelavega. "¿Qué pasa? ¿A los ayuntamientos grandes y ricos sí?", se ha preguntado.

En la iniciativa aprobada el Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a realizar todo los trámites necesarios para, en el plazo máximo de seis meses, incluir en la Red de Carreteras Autonómicas la Carretera desde La Hermida a Bejes, siendo por tanto de titularidad del Gobierno.

ETIQUETADO DE LA MIEL

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidaduna proposición no de ley de apoyo al sector apícola que insta al Gobierno a reclamar al Gobierno de España la modificación de la normativa que regula el etiquetado de la miel para poder detallar los países de procedencia y elaboración del producto, elorigen floral de la misma y si ha sufrido procesos de pasteurización.

También se insta al Gobierno central a realizar cuantas acciones sean precisas en las instituciones de la UE para establecer un marco normativo de manera que sea obligatorio en todo su territorio detallar, en el etiquetado de las mezclas de miel comercializadas, el país de procedencia de cada uno de las fracciones de miel que conforman dicha mezcla, así como la proporción de cada una de ellas y se contemplen medidas para el control de su cumplimiento para la protección del sector.

El regionalista Fernando Fernández ha dicho que la iniciativa va a contribuir a que los apicultores cántabros puedan vender su miel

como miel de calidad y mejorar sus rentas.

EMIGRANTES RETORNADOS

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado una proposición no de ley (PNL) del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos, que instaba al Gobierno de Cantabria a conceder una prestación de emergencia transitoria a todos los emigrantes retornados que hayan cumplido la edad de jubilación y, sin embargo, no reciban ninguna renta ni subsidio o el que perciban sea de menor cuantía que la citada prestación.

Carrancio se ha quedado solo al no aceptar una enmienda del PRC que modificaba su propuesta en el sentido de que es el Gobierno central el que debe financiar esas prestaciones, y que la futura Ley de Casas de Cantabria, en tramitación, regulará las condiciones específicas para que los cántabros retornados que cumplan las condiciones fijadas, puedan acceder a prestaciones de la comunidad autónoma.

Tanto el PP como el PSOE y Podemos se han mostrado de acuerdo con la enmienda del PRC pero no ha salido adelante al rechazarla Carrancio, que entiende que no da solución a los jubilados retornados

en tanto no entre en vigor la Ley de Casas de Cantabria.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, que también presentó sin

éxito una enmienda, ha afirmado que "la legislación cántabra no permite experimentos extraños" y que "es un problema que ha de resolverse entre Estados". Se refería a los retornados de Venezuela y al incumplimiento del convenio bilateral por parte del Gobierno de Maduro, que hace dos años dejó de pagar las pensiones a los beneficiarios que viven fuera del país.

Durante el debate se ha explicado que el impago de pensiones en Venezuela ha motivado la presentación de demandas en España que ya tienen sentencia y que condenan a la Seguridad Social a abonarles una pensión mínima.

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