Las últimas cifras revelan un balance "muy positivo" del convenio entre el Consistorio y el IVAT, lo que ha incrementado el interés de la FVMP, han constatado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, según informado la Generalitat en un comunicado.

De esta forma, una colaboración de este tipo posibilitaría que las sanciones por impagos que se impongan en municipios a personas cuyas cuentas bancarias estén en sucursales radicadas fuera de las localidades donde se comete la infracción, se pudieran cobrar por la vía ejecutiva.

Es decir, mediante embargos, lo cual podría tener un impacto "bastante importante", sobre todo en períodos vacacionales en muchas localidades costeras.

Soler ha recalcado que "gracias a la mediación del IVAT, se ha logrado poner fin a un problema que había en el cobro de multas a los contribuyentes que residen fuera de la ciudad de València, ya que el Ayuntamiento no tenía potestad para aplicarles ningún tipo de embargo al estar fuera de su competencia territorial".

Este convenio es "un ejemplo importantísimo de colaboración entre administraciones públicas valencianas del cual se podrían beneficiar muchos otros consistorios", ha recalcado.

Al mismo tiempo, la medida tiene un "claro efecto" sobre la seguridad vial, "puesto que desincentiva la comisión de infracciones al saber los conductores que las sanciones se harán efectivas, lo que incide directamente en un aumento de la seguridad" en las calles, ha agregado el conseller.

"MÁS MARGEN" PARA HACER FRENTE A PAGOS

Por otra parte, Soler y Alfaro han acordado solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que amplíe el plazo de amortización de los préstamos solicitados por los ayuntamientos para hacer frente a sentencias judiciales.

El objetivo de esta medida es aliviar la carga financiera que soportan las entidades locales y facilitar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales que prestan, "algo especialmente importante en el actual contexto económico-financiero".

De este modo, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, enviarán la reclamación de forma conjunta mediante un escrito al Gobierno central.

Ambos dirigentes han coincidido en la "difícil situación financiera que viven algunos ayuntamientos por las obligaciones económicas que tienen derivadas de varias sentencias judiciales firmes". Esta situación les "impide concertar operaciones de préstamo con el fin de poder cumplir con las obligaciones derivadas de sentencias firmes" como consecuencia de las restricciones al endeudamiento.

Por este motivo, se ven obligados a acudir al Fondo de Financiación a Entidades Locales (FFEL) del Ministerio de Hacienda. Esta línea contempla, entre otras medidas, la formalización de préstamos para hacer frente a fallos judiciales.

El plazo de amortización de estos préstamos está fijado en 10 años. Sin embargo, el elevado importe de algunas de las sentencias no permite cumplir con estos plazos de devolución o lleva a la "auténtica asfixia a las finanzas locales". Por ello, Soler y Alfaro se van a dirigir al ministerio para solicitar una ampliación del periodo de devolución.

Al respecto, Vicent Soler ha explicado que "los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, en este sentido, de los servicios públicos que prestan depende la vida cotidiana de muchos valencianos". "Por eso es importante garantizar su autonomía económica y financiera", ha indicado.