Según los populares, la nueva orden de la Junta de Andalucía que regula los pagos a los ayuntamientos por la financiación del servicio de ayuda a domicilio ciñe las transferencias a los mismos, a la prestación previa de las tareas y la justificación de los gastos afrontados. Tal extremo según el PP, obliga a los ayuntamientos a adelantar el pago de los servicios prestados y justificarlos, para después cobrarlos por parte de la Junta.

A partir de ahí, la diputada provincial del PP Isabel Díaz ha señalado que la Diputación de Sevilla, que ostenta diferentes competencias y servicios respecto a los municipios con menos de 20.000 habitantes, ha aprobado recientemente una resolución para abonar a 82 municipios de la provincia los gastos ocasionados por los servicios de ayuda a domicilio prestados en agosto y justificados en septiembre. El pago de produce, según la diputada, "seis meses después, mientras para los gastos que se han producido desde octubre hasta la fecha no se sabe nada".

En total, según Díaz, la Diputación ha aprobado el pago a los ayuntamientos de casi dos millones de euros, lo que "viene a demostrar que la Junta se está financiando a costa de los municipios, que tienen que habilitar partidas de donde no pueden, poniendo en riesgo la prestación del servicio de ayuda a domicilio, causando retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores y, en algunos casos, la viabilidad de las empresas que los prestan".

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Así, ha insistido en que los ayuntamientos se están viendo obligados a adelantar los fondos para sufragar este servicio a la espera de las transferencias, como Arahal con casi 110.000 euros; Lora del Río con 98.505; Pilas casi 80.000 y Brenes más de 75.000 euros, toda vez que Huévar del Aljarafe adeuda cuatro nóminas y media a su plantilla pero "tuvo que adelantar, sólo en septiembre, 23.464 euros para hacer frente a los gastos de la ayuda a domicilio". "Los ayuntamientos y las empresas que se dedican a esta labor se encuentran en un situación desesperante, no pueden soportar más la deuda que tienen".

Ante esta situación, el PP de Sevilla ha reclamado a la Diputación que se agilicen las transferencias a los ayuntamientos y la anulación del nuevo modelo de transferencias promovido por la Junta.

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