En concreto, dos accionistas que participaban en el accionariado de Ider, grupo del que formaban parte distintas sociedades y Caixa Catalunya y Caja Duero y que se ha incorporado a la causa en calidad de acusación particular como perjudicado, han asegurado que promovían quince parques eólicos en la provincia de León que se hallaban en muy avanzado estado de tramitación administrativa, hasta que se les hizo llegar que sus proyectos "se encontraban durmiendo en un cajón" y les obligaban a vender a algún socio local.

Así lo ha resumido, en declaraciones a Europa Press, el letrado Emilio Martínez, de Ecologistas en Acción (EA), colectivo personado como acusación popular y cuyo representante legal califica este caso como "uno de los más paradigmáticos" de la presente investigación, "ya que ellos estaban dispuestos a explotar los parques, no querían vender pero se vieron obligados por un precio ridículo", en alusión a que los testigos sostienen que transmitieron los parques a cambio de 28 millones de euros, cuando calculan que el valor real por aquel entonces podía aproximarse a los 280 millones de euros, "diez veces más".

En su declaración, ambos testigos no han llegado a poner nombre y apellidos a quienes les obligaron a vender los parques, pues, como así explica Martínez, únicamente saben que desde la dirección general de Ider les informaron de que ese era el mensaje recibido desde la Administración regional.

La jornada de testificales ha contado igualmente con dos peritos de una consultora que han intervenido a instancia de parte, en concreto de las defensas de directivos de Iberdrola que figuran como investigados, para validar distintas operaciones que dicha empresa formalizó con socios locales a los que convirtió en accionistas de sus proyectos, así como con el testimonio del que fue jefe de Sección de Energía Eléctrica de la Dirección General de Energía entre 2003 y 2005, Justo Rodríguez Delgado.

SORPRENDENTE AVOCACIÓN

Este último se ha referido a la figura de la avocación puesta en marcha en 2004, en virtud de la cual la Consejería de Economía se atribuía directamente la facultad de autorizar o denegar licencias, cuando dichas competencias hasta entonces, y desde 1997, eran de los servicios territoriales, y al respecto ha reconocido su sorpresa por su aplicación ya que, como así apunta el letrado de EA, "nadie había detectado la conveniencia de cambiar el procedimiento establecido por real decreto".

En este sentido, el testigo, siempre según el acusador popular, ha asegurado que el cambio de procedimiento "vino impuesto desde arriba, sin que nadie hubiera detectado la necesidad del mismo, y por ello se vio sorprendido ya que se estaba modificando una norma de rango superior".

Para el representante de EA, la declaración de Rodríguez Delgado pone en evidencia que la polémica avocación "fue el instrumento de naturaleza administrativa que se le ocurre al viceconsejero, Rafael Delgado, y a su entonces superior" para arrogarse competencias que hasta entonces correspondían a los servicios territoriales.

Las testificales desarrolladas hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 se enmarcan en las investigaciones abiertas sobre supuestas 'mordidas' por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad en el periodo 2000-2015.