El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha destacado este viernes que dos informes de los servicios jurídicos del Gobierno confirman como ajustada a la legalidad la decisión de la Dirección General de Función Pública de dar prioridad a las bolsas extraordinarias para puestos temporales que hasta ahora se cubrían con las bolsas ordinarias resultantes de las oposiciones.

De la Sierra ha puntualizado a preguntas de los medios que es un tema "exclusivamente de normativa", ya que hay interinos ocupando temporalmente puestos para los que no tienen titulación. Así, ha dicho que la decisión "en principio va adelante" aunque se ha mostrado "dispuesto a intentar buscar una solución".

Al respecto, ha señalado que podría volverse a estudiar y analizar si se presenta algún otro informe que contradiga de forma razonada el dictamen de los servicios jurídicos, solicitado por Función Pública en vista de que su decisión era "puesta en duda".

El consejero ha rechazado las críticas vertidas por el sindicato Trabajadores Unidos, que este jueves convocó a una concentración a los interinos afectados por esta medida. "No hay trabajadores que se vayan a la calle; ese no es un planteamiento", ha subrayado.

Ha explicado que las bolsas extraordinarias (-a las que se accede por curriculum-) se han convocado en los puestos en los que se exigen titulaciones que no figuran en el octavo convenio colectivo, aprobado hace ocho años, y ha afirmado que hasta ahora "nadie ha querido poner el cascabel al gato", en parte porque "si tomas un camino beneficias a unos y perjudicas a otros, y si tomas otro camino al revés".

En todo caso, ha destacado que la disposición transitoria que avala esta decisión se ha negociado y aprobado con el consenso de los sindicatos en el seno de la comisión de interpretación y seguimiento del convenio.

De la Sierra ha señalado que en la administración regional hay un 30% de interinidad, una situación "insostenible, denunciada por todos, y que no es normal" que afecta a todo el país.

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