En su sentencia, emitida el pasado 9 de febrero y recogida por Europa Press, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA aborda un litigio emprendido por el concejal de Alcalá Puede Áticus Méndez contra el Consistorio alcalareño, al entender vulnerados sus derechos fundamentales como capitular de la oposición.

Según la sentencia, a comienzos de 2017, este concejal solicitó acceso a toda una serie de documentos, como "los expedientes de las subvenciones nominativas concedidas en los años 2015 y 2016", el "listado de facturas presentadas fuera de dotación presupuestaria durante 2015 y 2016" o el "listado de expedientes y acceso a los informes de intervención preceptivos de los procedimientos negociados sin publicidad de 2014, 2015 y 2016", entre otros aspectos.

Frente a ello, la portavoz del Gobierno local socialista, la concejal Elena Álvarez, le contestó según la sentencia, solicitándole

"que la petición de acceso a la información se realice de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición" y "especificando" los expedientes como tal.

El concejal de Alcalá Puede, ante esta respuesta, elevó el asunto a los tribunales al entender que "la contestación recibida" constituía "una denegación de la petición formulada", bajo la premisa de que la misma "ya es concreta" y hacía "indicación de expedientes determinados". Según el edil, no podía "señalar documentos específicos, toda vez que son desconocidos".

Merced a la impugnación del concejal de Alcalá Puede, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once de Sevilla estimó sus pretensiones y su recurso, reconociendo una vulneración de sus derechos fundamentales como miembro de la oposición.

Dicha resolución inicial fue recurrida por el Ayuntamiento alcalareño ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que a través de esta sentencia revoca la decisión inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once.

Y es que según el TSJA, "la contestación de la portavoz del gobierno municipal no revela una voluntad denegatoria de la información recabada que haya de considerarse encubierta en esa petición de una mayor concreción, la cual está justificada por la magnitud de la información solicitada, sin plazos ni prioridades, en la que no sólo dejaban de señalarse documentos específicos por resultar 'desconocidos' para el apelado, incluidas facturas, sino que también quedan indeterminados "expedientes" que sólo genéricamente se nombran, hasta el punto de hacer sumamente dificultosa una hipotética resolución en ejecución de la sentencia estimatoria si no se logra una superior concreción de tales expedientes y documentos".

"Como se acudió directamente a la vía jurisdiccional sin responder el actor (el concejal de Alcalá Puede) a la petición de mayor concreción, tampoco hay pronunciamientos posteriores del Ayuntamiento, ni se alegan antecedentes, en los que poder sostener la presunción de encubrimiento de esa voluntad denegatoria a la petición del actor", abunda el TSJA en su sentencia, revocando el fallo inicial y declarando la inadmisibilidad de la impugnación promovida por el edil de Alcalá Puede.

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