Internautas instan a que se interrumpa el cobro y la aplicación del canon digital

Las asociaciones de internautas presentarán este jueves un escrito ante el Ministerio de Cultura en representación de la plataforma Todoscontraelcanon, donde instan a que se interrumpa el cobro y la aplicación del actual canon digital mientras no se realice un estudio de impacto del daño que se quiere compensar.

Consideran que el mismo "no se ajusta a los procedimientos establecidos y está muy por encima de los importes reconocidos por el propio Ministerio en los estudios previamente realizados", según la misiva con fecha de este jueves, firmada por el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, y el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías.

En representación de los más de 1,34 millones de ciudadanos y de las organizaciones en nombre de la plataforma Todoscontraelcanon, se solicita en el escrito que antes de fijar las tarifas se realice un estudio de impacto actualizado.

Piden además que se haga de forma pública, neutral y transparente para que las asociaciones firmantes del escrito sean informadas del procedimiento de licitación, realización y publicación de resultados.

En el escrito se reclama además la creación "de forma urgente" de una mesa de debate sobre el futuro de la propiedad intelectual en un Espacio Digital único Europeo en el que estén todas las asociaciones y colectivos involucrados incluyendo a los ciudadanos y a las industrias tecnológicas entre ellas las firmantes de este escrito.

Los firmantes expresan un total respeto por la propiedad privada, y por los derechos de los autores de contenidos cualquiera que sea su origen (texto, audio, video, fotografías, etc).

Manifiestan además su máxima disposición a mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y policiales dentro de la regulación que se establezca, con las administraciones públicas, para la resolución y el esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la legislación europea.