Así lo ha explicado en un comunicado la consellera de Vivienda, Mª José Salvador, respecto a la ley valenciana -recurrida en noviembre de 2017 por el Gobierno al Constitucional- y tras la sentencia del TC del pasado lunes, 26 de febrero, que estima parcialmente el recurso del Ejecutivo central contra varios preceptos de la ley foral que regula el derecho a la vivienda en Navarra.

La resolución declara inconstitucional y nula una disposición que determina la expropiación forzosa de las viviendas que, como consecuencia de un desahucio y tras la celebración de subasta, sean adjudicadas a entidades financieras. El Constitucional ha desestimado el resto del recurso del Gobierno.

De esta forma, la consellera entiende que "el TC enmienda la gran mayoría de los criterios que ha mantenido el Ejecutivo de Rajoy y abre un nuevo escenario donde se admite que las comunidades autónomas son competentes a la hora de regular el derecho a la vivienda e intervenir en medidas para movilizar los inmuebles de grandes tenedores que estén vacíos o cerrados al menos dos años".

Salvador ha defendido que, por tanto, "los ciudadanos valencianos no pueden esperar años hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España", por lo que la Generalitat volver a la negociación para que el Ejecutivo central "reflexione y recapacite sobre esta sentencia y reconsidere su posición".

Le insta así a retirar un recurso que "ha implicado automáticamente la suspensión de la vigencia de gran parte de los instrumentos previstos para resolver los problemas de los ciudadanos garantizando el acceso a una vivienda". "Somos muchas las autonomías que, ante la inacción del Gobierno de España, hemos regulado a través de leyes un verdadero derecho de acceso a la vivienda para dar respuesta a los problemas habitacionales de los ciudadanos", ha reivindicado.

La titular de Vivienda ha subrayado que precisamente este jueves, 1 de marzo, se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley por la Función Social de la Vivienda en la Comunitat Valenciana, que "ha permitido aportar soluciones habitacionales a los valencianos".

"EL GOBIERNO SE COMPORTA COMO EL PERRO DEL HORTELANO"

"A pesar de la suspensión de gran parte de la ley", Salvador ha destacado que el balance de la red InfoHabitatge ha sido "muy positivo" en este año de funcionamiento. "Estamos ayudando a aquellos que más lo necesita, mientras el Gobierno de Rajoy se comporta como el perro del hortelano, que ni legisla ni deja legislar, y ataca a los derechos de los valencianos", ha enfatizado.

Mª José Salvador también ha incidido en que la sentencia del TC dice "claramente", ante la posibilidad de expropiar el uso de viviendas que estén vacías o cerradas al menos dos años, que "no habiendo el legislador estatal ejercido la habilitación que el artículo 149.1 de la Constitución le otorga, resulta necesario afirmar que el legislador autonómico en materia de vivienda no encuentra límites desde esa perspectiva constitucional". De esta forma, "está validando la competencia de las autonomías para legislar en la materia", ha insistido.

Por ello, y después de que el Constitucional haya "dado la razón" a Navarra, la consellera considera que "se abre una oportunidad para el resto de comunidades autónomas" y que "irán saliendo también sentencias sobre la Ley andaluza o la catalana".

"Es necesario abrir urgentemente una negociación ante este escenario para que el Gobierno recapacite y levante la suspensión a la que ha sometido a la ley valenciana de vivienda", ha reiterado, una petición formal que la Generalitat planteará para que se inicie "cuanto antes" este proceso de diálogo.