La Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pyme (GROW) de la Comisión Europea emitió un requerimiento al Gobierno de España en fecha 23 de febrero de 2017 sobre las estaciones de servicio automáticas en España, en el que se refería a la necesidad de cumplir con lo dispuesto la directiva 2006/123/CE.

En esta directiva solo se permite a los Estados miembros introducir nuevos requisitos, como el de la obligación de tener un número mínimo de personas empleadas, cuando cumplan las condiciones de no discriminación, de necesidad (que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general), y de proporcionalidad (que sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue).

Por ello, obliga a las comunidades que también han adoptado disposiciones similares como Castilla León, Castilla la Mancha, Navarra, País Vasco, Baleares o Murcia modificar sus normas.Durante el debate parlamentario, la diputada de Compromís, se ha mostrado en contra de esta decisión, pero ha justificado su apoyo a la convalidación del decreto para evitar sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros.

"Nuestro voto es favorable por imperativo legal. Nos vemos avocados a aceptar esta especie de chantaje de la UE", ha lamentado.En este sentido, ha indicado que habrá que ir a Europa para exigirle que "en lugar de regular en favor del mercado, lo haga en beneficio de los ciudadanos". "Europa no puede ser el campo abierta de las especulación", ha remarcado.

Desde Cs, la diputada Rosa García ha indicado que el decreto del Consell ponía "cortapisas a un sector emergente" y ha señalado que el modelo de negocio de las gasolineras desatendidas no es incompatible con la protección de los consumidores y contraria al interés general. "Creemos que ni se puede limitar la libertad de empresa ni al libre elección de los consumidores", ha señalado.

Por su parte, Jordi Alamán de Podemos, ha lamentado "esta imposición" de Europa que, a su juicio, "antepone el mercado a los derechos de los consumidores", mientras que Noelia Hernández del PSPV ha abogado por abrir el debate e intentar buscar una solución a un problema difícil como es la regulación de las gasolineras. Vicente Casanova del PP ha admitido que tras los dictámenes de la UE "no hay otra salida" y "hay que legislar en consonancia con los dictámenes jurídicos y cumpliendo la ley".

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