La conferencia tendrá lugar en el aula Hevia Bolaños de la facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid a partir de las 18.00 horas, con la organización de Amnistía Internacional con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos de la UVA.

La comunidad rohingya es una minoría étnica predominantemente musulmana formada por alrededor de 1,1 millones de personas que viven sobre todo en el estado birmano de Rajine, aunque sufren la "discriminación" y "persecución" del Gobierno de Myanmmar desde hace décadas.

Pese a que viven en esta zona del país asiático "desde hace generaciones", el Estado insiste en que son "inmigrantes ilegales" procedentes de Bangladesh y se refiere a ellos como "personas extranjeros" o "razas bengalíes".

La discriminación contra la población rohingya se basa en que ésta carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas "discriminatorias que niegan de hecho la nacionalidad a la población rohingya debido a su etnia".

Según han señalado fuentes de Amnistía Internacional, las autoridades de Myanmar han "lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan" y, desde 2016, el Gobierno "dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a los recién nacidos en las listas de hogares que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Myanmar".

Mientras tanto, en el norte del estado de Rajine, quienes no están en su domicilio durante las "comprobaciones de población" anuales "corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales". Una consecuencia de esta campaña es que resulta "casi imposible" que las personas rohingya que han huido del país regresen a su casa como consecuencia de las operaciones militares de 2016 y 2017.

Esta situación ha empujado a casi 700.000 personas, según estimaciones de Naciones Unidas, a huir a Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas "en condiciones desesperadas".

Amnistía Internacional considera que esta discriminación es "un ataque sistemático contra la población civil y constituye crímenes contra la humanidad" debido a la base racial de los ataques contra la población rohingya y su "claro objetivo de dominación, segregación y aislamiento de esta población".

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