Ciudad de la Justicia de València
Ciudad de la Justicia de València EUROPA PRESS

El afectado, según consta en la sentencia en un caso defendido por el despacho de Domingo Monforte Abogados, se encuentra aislado socialmente y vive en una casa en una zona rural, en compañía de su pareja, aquejada igualmente de sensibilidad química múltiple, por lo que deben restringir el uso de la electricidad al máximo, tener el aseo fuera de la vivienda y se ve obligado a recibir ayuda puntual de una vecina, que se encarga de las gestiones más cotidianas, como la compra y de la limpieza, siempre en condiciones especiales.

En la resolución, contra la que cabe recurso, el juzgado le reconoce el derecho del demandante a la prestación, equivalente al 100% de la base reguladora que le corresponde, y al complemento de gran invalidez, y pagas extras y mínimos que procedan desde julio de 2017. El afectado, de 52 años y analista de sistemas, había sido declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión desde 2013, por sus circunstancias anteriores, aunque pidió revisión de grado en 2017 por los síndromes nuevos.

En julio de 2017, se le denegó la petición. El Instituto Nacional de la Seguridad Social se opuso a su solicitud al considerar que el informe del equipo de valoración de incapacidades no reflejaba una agravación de las lesiones. Sin embargo, de acuerdo con el juez, los hechos probados suponen "sin lugar a dudas" una agravación del estado, y de ello existe una "abundante y clara documentación".

Para el juez, con estas dolencias, "es más que evidente" que su estado se ha agravado y que no está capacitado para realizar ningún tipo de actividad laboral". Así, añade que si bien es cierto que no se le puede considerar como dependiente total, por su patología tiene "grandes dificultades" para actividades cotidianas y sin la ayuda de otra persona, su calidad de vida "se ve notablemente reducida, por no decir prácticamente anulada y, con ello, su propia dignidad".

"NUEVA ESPERANZA"

Para el despacho, este fallo judicial "supone una nueva esperanza a los enfermos afectados por esta patología considerada rara" y supone "la segunda vez que los tribunales reconocen a los enfermos con sensibilidad electromagnética y síndrome de sensibilidad química múltiple, una enfermedad considerada rara, el derecho a percibir, además de una prestación del 100% de su base reguladora, un complemento para poder pagar a una tercera persona que les asista".

Esta es "una reivindicación de estos pacientes que se ven obligados a vivir aislados por los graves efectos, que la exposición a productos químicos ambientales y electromagnéticos, provocan en su salud".

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