El exvicepresidente del Gobierno  y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha declarado este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que "muchas otras personas", ya que desde 2002 es "plenamente legítimo facturar a través de empresas".

El exministro, que ha declarado este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que Hacienda solo ha recurrido a la vía penal en su caso pues si ha tenido dudas respecto al resto, las ha resuelto de forma administrativa.

En declaraciones a los medios, el que fuera director gerente del FMI ha dicho que estas pesquisas son un "claro caso de discriminación" en tanto que "otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores a las mías" no se les ha atribuido delito fiscal alguno.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel de mayor volumen.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros.Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

Asimismo ha lamentado que, en el marco de la causa que investiga el origen de su patrimonio, la ONIF, Oficina Antifraude dependiente del fisco, haya presentado hasta once informes, ninguno definitivo, en los que le atribuían inicialmente una deuda tributaria por movimientos de divisas superior a 8 millones que, según Rato, ha quedado en cero.

En noviembre de 2015, siete meses después de la detención del exministro, el Instituto Armado solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el "complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales".

El magistrado Antonio Serrano-Arnal acordó citarle de nuevo a finales del pasado mes de febrero después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara la reapertura de la causa relativa al delito de blanqueo de capitales, que él mismo sobreseyó el pasado mes de mayo al considerar que el informe de la Guardia Civil en que se apoyaba la investigación carecía de "sustento básico".

En dicho informe, la Unidad Central Operativa (UCO) atribuía a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos. Según el Instituto Armado, se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

Igualmente expuso que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación —creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013— y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.

Pese al archivo provisional de esta parte de la instrucción, el juez expuso que los contratos se realizaron "con importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas durante su etapa en la vicepresidencia del gobierno.

El pasado mes de octubre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó al juez continuar con las diligencias de esta parte de la instrucción al entender que existen indicios suficientes de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida".

En su auto del 5 de octubre la Audiencia estableció, no obstante, que se mantuviera el sobreseimiento provisional por el delito de cohecho. En relación a este tipo delictivo, el juez Serrano-Arnal apuntó que, de haberse producido, estaría prescrito desde 2014, diez años después de su salida del Ejecutivo, por lo que no cabe investigación relativa a estos hechos.

Los magistrados de la Audiencia Provincial apuntaron que, dado el cargo que ostentó en el Ejecutivo, "es perfectamente creíble que su opinión fuera especialmente relevante para nombrar a dichos presidentes", ahora bien, "afirmar que los nombramientos de tales presidentes tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios es una conclusión que no se sostiene".

El expresidente de Bankia había remitido un escrito al magistrado instructor en el que arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por acoger las "disparatadas" conclusiones de la Guardia Civil sin hacer "la más mínima labor de contraste" y con una "absoluta falta de rigor". Dijo además que la UCO había recurrido a unos hechos de hace más de 20 años para construir "de manera tergiversada y absolutamente contraria a la legalidad" unos indicios delictivos "carentes de una base táctica sólida", lo que llevó a que la fiscal alcanzase una "conclusión absurda" del asunto.