El exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el conseller de Interior, Joaquim Forn
El exdirector de los Mossos, Pere Soler, en primer plano. TWITTER @JOAQUIMFORN

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado este miércoles al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler -el que fuera jefe político del Mayor Josep Lluis Trapero- y al ex secretario general de Interior César Puig en relación con la actuación de la policía autonómica en el referéndum del 1-O.

La magistrada, que ha citado a ambos para el próximo 9 de marzo, ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la pasada semana le pidió ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos el 1-O a estos dos exaltos cargos.

La jueza les atribuye los mismos dos delitos de sedición que mantiene contra el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, y apunta ahora a un posible delito de organización criminal, en la línea de los informes de la Guardia Civil.

La jueza también da dos días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de declarar la causa compleja, hecho que podría alargar la instrucción hasta 18 meses.

La Fiscalía había pedido a Lamela la imputación de Soler y Puig aduciendo que formaban parte de una organización para llevar a cabo el referéndum. Según el fiscal, tan el director de los Mossos como el mayor Trapero "se vieron con la obligación de transmitir la sensación" de que acatarían las órdenes de impedir el referéndum "cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo".

Por el contrario, según el fiscal, "su colaboración (de los Mossos) en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en una acción a favor de su consumación". En esta línea, recogía una serie de ejemplos de la supuesta "inacción" de los Mossos y de "la actitud pasiva" de los agentes a pesar de la "resistencia activa" de los votantes del 1-O y de las personas que protegían las aulas.

En este relato, el fiscal destacaba las supuestas lesiones que sufrieron los agentes de la policía española en cada uno de los puntos que intervinieron.

"Colaboración real y efectiva"

La jueza tiene que determinar si como dice el fiscal no solo hubo "inacción", sino también actos de "colaboración real y efectiva" de los Mossos con el referéndum.

Según la Fiscalía, "tanto la obstrucción de la actuación de los miembros del CNP como su connivencia con los responsables de las mesas electorales" son, como se ha dicho, "consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a las previas instrucciones de las cabezas de los Mossos d'Esquadra y de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat".

La jueza da dos días a las partes para se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de declarar la causa como 'compleja', hecho que implicaría que la investigación se puede alargar de los seis meses actuales a 18 meses, es decir, un año más. La Fiscalía justificaba la petición por el hecho que "se puede hablar de numerosos hechos punibles, con numerosas implicaciones personales y que requieren el examen de documentación abundante".

En el auto de citación, la jueza acuerda también levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga el intento de los Mossos de destruir pruebas quemándolas en una incineradora, y decide enviar al TSJC, como pedía la Fiscalía, la parte correspondiente a la vertiente política de estas actuaciones y que afecta al CESICAT, "pretendido CNI catalán".

El fiscal pidió ampliar la imputación a Soler y Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis- por su "decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento" que hasta ahora se había ceñido al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre.

La Fiscalía cree que la inacción de los Mossos "siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig", contando con el apoyo también de Trapero.

El pasado viernes la jueza tomó declaración por tercera vez a Trapero y le dejó en libertad con las mismas medidas cautelares que ya le había impuesto, pese a que la Fiscalía pidió que se le impusiera una fianza de 50.000 euros por la imputación de un segundo delito de sedición por el 1-0 y el riesgo de destrucción de pruebas.

La Fiscalía motivó su petición en dos reuniones que mantuvo el 26 y el 28 de septiembre Trapero con el expresidente catalán Carles Puigdemont, Forn y Junqueras de cara al referéndum y que ocultó en sus anteriores declaraciones, extremo que su defensa negó y alegó que en un escrito en diciembre ya mencionaron esos encuentros al pedir la testifical de los intervinientes.

La defensa de Trapero sostiene que esas reuniones fueron para transmitir la preocupación de los Mossos por la seguridad ciudadana el 1-O, pero la Fiscalía disiente y asegura en el informe remitido a Lamela que no consta "que ninguno de ellos llevase a cabo actuación alguna para evitar el referéndum, sino más bien al contrario".

"Estos hechos solo podían ser consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a previas instrucciones de los jefes de Mossos d' Esquadra y por ende de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat, en última instancia responsable de la convocatoria del referéndum ilegal, como el director de los Mossos y el secretario de Interior".

Siendo de "especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra", ya que "su capacidad investigadora e 'intimidatoria' al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum".

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