La vista oral está señalada para el próximo viernes 2 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.

Según sostiene la Fiscalía sostiene el acusado actuando en el ejercicio propio de su cargo como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Llanes, y máximo responsable de la oficina técnica municipal, por causas que no han podido probarse pero en cualquier caso guiado por la finalidad de autorizar la construcción de las obras de ampliación del Hotel Kaype, sostuvo la necesidad de que se procediese a la agrupación registral de varias parcelas, pese a que era consciente de que se hacía con la única finalidad de modificar su calificación urbanística, atribuyendo una condición de suelo urbano consolidado a dos parcelas que no lo tenían.

Además, se le acusa de delimitar el ámbito espacial homogéneo de referencia para llevar a cabo los cálculos de edificabilidad. Así mismo, con total desprecio al contenido de los expedientes administrativos que obraban en dependencias municipales en unos casos, y aún a sabiendas de que lo declarado en el proyecto del promotor no se correspondía con la legalidad urbanística y catastral del ámbito de referencia, emitió un informe para determinar la edificabilidad de la parcela resultante, atribuyendo una edificabilidad media muy superior a la que hubiese resultado de actuar conforme a los propios principios que establecía en su informe, esto es, datos catastrales.

Igualmente obvió todos aquellos datos que obraban en expedientes municipales, por él conocidos, y que habrían implicado una notable reducción de la edificabilidad media que podría haber sido concedida, llegando incluso a modificar un informe técnico suyo previo.

Como resultado de ese plan preconcebido, y en base a sus informes de fechas 25 de junio de 2012, 30 de agosto de 2012 y 7 de marzo de 2013, se concedió, primero, la licencia de agrupación, mediante licencia de fecha 26 de diciembre de 2012 y, después, la licencia de obras para ampliación, de fecha 8 de marzo de 2013.

Ambas declaradas nulas por la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto en primera instancia como en segunda, al resolver los recursos de apelación interpuestos frente a ellas.

La Fiscalía considera que los

hechos son constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y solicita que se condene al acusado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 18 meses a razón de 25 euros el día (13.500 euros), así como la de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el plazo de 10 años.

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