En esta aldea, ubicada en su término municipal y en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conviven más de un centenar de personas en sus viviendas, entre las que hay que distinguir las construcciones históricas o antiguas de aquellas otras que "no cumplen ningún parámetro legal".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha señalado que a esta conclusión se llegó este lunes en una reunión con la alcaldesa de la localidad, Carmen Osorno; con un técnico municipal, con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como con el jefe de servicio de Urbanismo de la Delegación y con el responsable de la Ordenación del Territorio.

En este sentido, el delegado ha señalado que el objetivo es "legalizar a la que se pueda legalizar, ya que hay otras que no cumplen la ley", a lo que ha añadido que las que se queden fuera de esta delimitación de zonas de hábitat rural "tendría que ceñirse a la normativa en vigor".

A su vez, la Junta elaborará un censo de edificaciones para ver cuáles podrían verse beneficiadas de esta delimitación, no obstante, ha dejado claro que "hay otras viviendas que no tendrán legalidad nunca porque se han construido con materiales inadecuados o superan ampliamente los metros construidos".

El delegado ha precisado que en estos momentos se está redactando el

PGOU del municipio y cualquier solución "debe ser aceptada, aprobada y modificada por el propio Ayuntamiento", la Junta, ha añadido, "lo que hace es asesorar y aconsejar el enfoque de este asunto con el fin de dar cobertura legal a lo que pueda tener cobertura legal".