Este fue uno de los consensos que las instituciones y expertos que integran este órgano -en el que están representantes de la Xunta, de la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento de Sada, además de juristas- alcanzaron en una reunión celebrada en la tarde del lunes.

Así, entre otras cuestiones, aprobaron por unanimidad dejar "en estudio" la petición del Consistorio de Sada de reclamar al Gobierno gallego que inicie una acción judicial civil de nulidad en relación a la compra venta de este inmueble, una decisión de la familia Franco que "no altera" los plazos de funcionamiento de este órgano. Además, también coincidieron en la necesidad de coordinar una estrategia conjunta.

Al respecto, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha explicado que su formación registró este mismo lunes una iniciativa en el Congreso a través de la que pide que la Abogacía del Estado pase a formar parte de esta comisión.

Y es que, una vez que existe este consenso, ha considerado necesario que se concreten "cuanto antes" las acciones legales oportunas con la anotación preventiva en el Registro y el inicio de las medidas que sean precisas para garantizar que el Pazo de Meirás "vuelva al patrimonio público".