Según han explicado, en 1999 los vecinos de esta urbanización y el Ayuntamiento de Carmona firmaron un convenio según el que los primeros abonaban el proceso de urbanización y el Consistorio se comprometía a administrar y ejecutarlo.

Los propietarios, según han añadido, aportaron "unos cinco millones de euros en el año 2000 y en 2008 el Ayuntamiento, sin concluir y cumplir el convenio, dio por terminadas las obras dejando la vía judicial como única solución a los graves problemas de los vecinos".

En el comunicado, los vecinos de La Celada han expuesto que "en el año 2010 ante los robos, inseguridad y la desprotección de las viviendas por falta del cerramiento de la urbanización, la comunidad de propietarios solicitó licencia de obra para acometer el vallado perimetral y la instalación de las dos puertas de acceso y hacerse cargo costeando todo la comunidad, licencia que fue concedida".

Sin embargo, según han añadido, "en 2013 con la sentencia 45/2013 del TSJA se reconoce el derecho de los vecinos y la obligación del Ayuntamiento a ejecutar las obras y dejar nula la recepción".

En el manifiesto, los vecinos han argumentado que "en 2014 se produce el auto de apercibimiento al alcalde por no ejecutarse la sentencia" y ante éste, el Ayuntamiento en Junta de Gobierno acordó "hacer las obras, pero solo es un gesto y en apariencia porque a partir de ese momento el Consistorio contrata un despacho jurídico externo y privado, Cuatrecasas, para su defensa e impedir que la sentencia ganada por los vecinos se llegue a ejecutar", han indicado.

Según los vecinos, "el Ayuntamiento se asocia con dos terratenientes colindantes rústicos y se personan de forma conjunta ante el TSJA

solicitando la nulidad de la sentencia. Hecho que no prospera y es inadmitido por dicho tribunal".

El escrito de los vecinos expone que "un terrateniente colindante interpone un interdicto para conseguir pasar por las calles de la urbanización con sus máquinas cosechadoras y el Ayuntamiento, titular de las calles por estar inscritas en el Registro de la Propiedad a su nombre, no sólo no se persona para dar cumplimiento a la Sentencia TSJA sino que se propone revisar la licencia dada para el cerramiento y pasar a inscribir las calles de la Celada como camino rústico".

Los vecinos denunciantes han alegado que "el Ayuntamiento deniega licencias de obras, impidiendo al acceso a la contratación de agua potable, electricidad y comunicaciones, entre otras, y considera que esta urbanización pasa de ser urbana, que lo es por las normas de planeamiento y el registro de la propiedad, para considerarla urbana no consolidada y de esta manera infringir a los vecinos la pena de tener que pasar a empezar como en 1999".

De esta forma, según han concluido los vecinos, en mayo de 2017 se realizó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, puesto que no prosperan ni las antepuestas ante el Defensor del Pueblo Andaluz ni ante el de España".