Eva Ortiz junto a Jorge Bellver en las Corts
Eva Ortiz junto a Jorge Bellver en las Corts PPCV

beneficiarias de subvenciones para el fomento del valenciano en medios de comunicación "que podrían haber hecho un uso indebido de los fondos públicos".

"Solicitamos que se comprueben de oficio estos hechos, que se controle dónde ha ido esa subvención, qué uso se ha hecho de los fondos públicos, cómo se ha justificado y mediante qué facturas, si son reales y constatables. La administración tiene obligación de comprobar esas subvenciones con facturas justificadas, no estamos pidiendo nada extraño", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics.

Eva Ortiz ha explicado que es su obligación "fiscalizar el uso público del dinero de todos los valencianos" y ha avanzado que "no será la primera ni la última petición de información".

"En la documentación que tenemos vemos cosas que no están claras y pedimos ahora copia de esas facturas para saber si se cumple la ley. Vamos a dar un plazo de tres meses a partir de cuál, si no hay información, emprenderemos las acciones legales pertinentes", ha asegurado la 'popular'.

Ortiz ha incidido en que la documentación que tienen "no está clara y hay posibles evidencias de irregularidades", y por ello quieren que se les certifique la documentación y les muestren las facturas: "No decimos que sea ilegal, solo que nos llama mucho la atención. Damos tres meses para que el interventor general lo revise, tengamos acceso a esa información".

A partir de ahí, ha proseguido, "si está bien fenomenal" y si no emprenderán las acciones que les indiquen sus abogados. "A estas alturas ya empiezan a aparecer muchos familiares de cargos de este gobierno y queremos saber", ha concluido.

En el documento remitido por Ortiz a la Conselleria especifica que hay dos empresas de comunicación beneficiarias de las ayudas al fomento del valenciano en las convocatorias de 2015 y 2016 y transcurrido "sobradamente" el plazo para la justificación de la subvención la Generalitat "debió haber iniciado las actuaciones de comprobación material que le son debidas, sin que a fecha de la firma conste a la compareciente que se hayan realizado".

"De ello se deriva que no pueda conocerse si el importe de la subvención se ha dedicado íntegramente a la efectiva realización de las actividades subvencionadas, habiéndose podido incurrir en infracción administrativa o incluso en el deber de reintegro de los importes", agrega Ortiz en el texto, en el que apunta también a la "inactividad" de la administración.

Asimismo, apunta a las "evidencias de irregularidades en la documentación aportada por las empresas subvencionadas, de lo que, de constatarse en el procedimiento oportuno deberían suponer tanto la imposición de sanciones administrativas como la devolución de los importes indebidamente percibidos, además del posible reproche penal".

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