En concreto, el sector sur del casco urbano de Tomares está separado del puente de los Derechos Humanos de San Juan de Aznalfarache y la estación de metro de San Juan Alto por unos terrenos de titularidad privada, pendientes de urbanizar y sometidos a un litigio judicial que enfrentaría a las promotoras Osuna e Inmobiliaria del Sur.

En ese contexto, para llegar a pie o en bici desde Tomares hasta el puente de los Derechos Humanos y la estación de metro de San Juan Alto

es necesario atravesar estos suelos poblados de matojos y escombros, que se extienden sobre el término municipal de San Juan. En el caso de acudir en vehículo motorizado, es necesario recorrer un cierto rodeo.

Por todo ello, en 2016 el pleno del Ayuntamiento de Tomares acordaba redactar un plan de ordenación intermunicipal junto con el Consistorio de San Juan, en cuyo término municipal se ubican estos suelos, para planificar la urbanización de parte de los terrenos y que el propio Ayuntamiento tomareño adelantase los fondos necesarios para la ejecución de las obras.

Se trataría, según señalaban a Europa Press fuentes municipales al comienzo de la operación, de prolongar "unos 300 metros" el viario de la calle Isadora Duncán, perteneciente a Tomares, y así crear un viario que conecte directamente con el puente de los Derechos Humanos y por ende con la estación de metro de San Juan Alto.

APROBACIÓN INICIAL

Tras aquel acuerdo plenario de 2016 y el correspondiente trabajo técnico y administrativo por parte de ambos ayuntamientos, a finales de enero el pleno de Tomares aprobaba ya el documento inicial del plan de ordenación intermunicipal elaborado para la actuación urbanística y el estudio ambiental estratégico que acompaña al proyecto.

Y este martes, además, el pleno del Ayuntamiento de San Juan ha aprobado también de modo inicial tanto el documento del plan de ordenación intermunicipal como el estudio ambiental estratégico que acompaña al proyecto, toda vez que este procedimiento habrá de ser sometido a la correspondiente fase de información pública y a la supervisión de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la administración competente en este asunto.