En una nota, la portavoz del Grupo Popular en la Diputación y presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha destacado que "el gobierno del socialista Fernando Rodríguez Villalobos ha vuelto a demostrar su falta de transparencia en un tema tan crucial como es la gestión de las cuentas de la corporación".

"Una vez más nos hemos tenido que enterar por el informe del interventor de que, por su mala gestión, tendrá que devolver ayudas fundamentales, como las ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas", ha agregado.

A la espera de recibir copia de las dos sentencias, que el PP ha reclamado ante la Comisión de Hacienda, explica que "el informe del interventor avisa de la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias por valor de más de medio millón de euros con el objetivo de habilitar partidas para cumplir, entre otras cuestiones, dos sentencias del TSJA".

Según ha señalado el PP, "la primera de las sentencias obliga a la corporación provincial a devolver a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una subvención de 158.082,99 euros concedida para el programa 'Eliminación de barreras arquitectónicas en las bibliotecas municipales de la provincia de Sevilla' con cargo al Fondo de Contingencia".

Mientras indica que la segunda sentencia del TSJA "obliga a la corporación provincial a pagar 30.948,33 euros a una empresa en relación a un contrato para la realización de un proyecto financiado con fondos Feder".

"Estas dos sentencias vienen a sumarse a las otras muchas en las que la Justicia ha enmendado la plana a la Diputación en materia económica, sobre todo laboral", ha agregado Pérez, que ha criticado que "una vez más, la Justicia pone de manifiesto la nefasta política de los socialistas en la Corporación provincial y la escasa transparencia con la que gestionan el dinero público, con nefastas consecuencias para todos los sevillanos".

De este modo, la portavoz del PP ha recordado que "hace sólo unos días salió a la luz que el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, había ordenado la devolución de tres millones de euros del programa joven Pro Empleo para evitarse quebraderos de cabeza en la gestión de los fondos" y "sin tener en cuenta lo bien que ese dinero habría venido para paliar las altas cifras de paro juvenil de la provincia".